La democracia colombiana atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, no porque existan dudas sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales, pues estas fueron auditadas, vigiladas y certificadas por las autoridades electorales, así como por misiones nacionales e internacionales de observación, sino porque quienes perdieron en las urnas están empeñados en desconocer el veredicto popular.

Primero fue el presidente saliente, Gustavo Petro, quien habló de un supuesto fraude sin aportar una sola prueba que respaldara semejante acusación.

Después vino Iván Cepeda con su llamado a una “desobediencia civil”, que alimenta un ambiente de confrontación e incertidumbre, y ahora, dirigentes del Pacto Histórico anuncian que insistirán en buscar la anulación de una elección cuya transparencia ya fue ampliamente certificada.

Todo ello ocurre mientras se convocan movilizaciones y se insiste en construir un clima de agitación política.

Resulta imposible olvidar las palabras de una dirigente de las Juventudes Comunistas cuando afirmó que la tarea era “hacer este país invivible” para el nuevo presidente, frase que expresa una peligrosa disposición a anteponer los intereses de un proyecto ideológico al bienestar de toda la nación.

Las coincidencias comienzan a ser demasiado evidentes. Desconocimiento de las urnas, llamados a la “desobediencia civil”, intentos de invalidar judicialmente la elección y convocatorias permanentes a la movilización configuran un escenario que preocupa por sus posibles consecuencias sobre la estabilidad institucional.

Por eso este ya no es un debate entre partidos políticos, sino una causa nacional.

La sociedad civil, la academia, los gremios, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, los empresarios, los trabajadores y todos los ciudadanos, hayan votado por quien hayan votado, deben cerrar filas en defensa de la democracia.

No puede haber ambigüedades cuando lo que está en juego es el respeto por la voluntad popular.

La oposición tiene pleno derecho a ejercer control político, criticar al nuevo gobierno y ofrecer alternativas.

Lo que ninguna democracia puede aceptar es que se pretenda impedir, mediante la agitación permanente o la deslegitimación de las instituciones, que un presidente elegido legítimamente ejerza el mandato que le otorgaron los ciudadanos.

Hace cuatro años, los colombianos entregaron democráticamente el poder a Gustavo Petro. Hoy, mediante ese mismo sistema electoral, decidieron entregárselo a Abelardo de la Espriella.

Esa es precisamente la esencia de la democracia: la alternancia en el poder mediante el voto libre.

Hoy Petro y Cepeda no representan una amenaza para De la Espriella, representan una amenaza para la democracia.

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