Se supone que los congresos en las repúblicas presidencialistas como Colombia, juegan un papel fundamental para el equilibrio de poderes mediante el ejercicio del control político a los gobiernos de turno.

De igual manera, y como otro de sus roles en un sistema democrático (como se supone que tiene nuestro país), debe adelantar una agenda legislativa que contribuya desde la base estatutaria, jurídica y la conformación del entramado institucional, en el desarrollo de la nación mediante la representación de los intereses y necesidades de los ciudadanos y del propio Estado.

Dicho en palabras más sencillas. Los congresistas en Colombia están para realizar control político al ejecutivo nacional y para convertirse en un “puente articulador” entre las necesidades ciudadanas y el gobierno de turno mediante la representación de los intereses de sus electores.

Sin embargo, los congresistas colombianos en una gran proporción y casi de manera generalizada (salvo algunas excepciones), hace mucho tiempo no cumplen ninguno de los dos “papeles” en mención.

Esta situación se ha profundizado entre otras cosas debido a una profunda crisis de los partidos políticos en el país, cuyo papel se ha reducido prácticamente a un proceso de otorgamiento de avales de cara a las elecciones, qué en muchos casos, se ha convertido en un asunto bastante lucrativo para las directivas nacionales y regionales de diversos movimientos.

Al tener partidos débiles, con poco o ningún sentido ideológico y cuyas directivas apuestan por intereses personales y económicos y no por razones políticas, dan pie para que muchos de los candidatos al poder legislativo apunten precisamente a procesos concebidos como negocios de “empresas familiares electorales”, convirtiendo al Congreso de la República en un recinto transaccional para robustecer las arcas de estas “empresas” y satisfacer ansias de representación personal a costillas del Estado nacional.

Alimentando estas situaciones, está la mal llamada “mermelada”, la cual hay que decirlo, siempre ha existido en nuestro país, pero que a partir del proceso legislativo que aprobó la reelección de 2006, tomó dimensiones anteriormente desconocidas en Colombia, tan desbordantes en sí mismas, que hoy en los corrillos políticos se hace añoranza a la tristemente célebre frase del expresidente Turbay: “la corrupción en sus justas proporciones”.

Es por estas razones, que vemos como el Congreso de la República aprueba iniciativas tan peligrosas para el mismo sistema democrático, al afectar el balance de poderes, como la reforma a la Procuraduría General, la cual brinda facultades extras a los encargados de este ente de control, como la capacidad de destitución de alcaldes elegidos popularmente, algo extremadamente peligroso para una democracia tan frágil como la nuestra, y que va en contravía de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, donde Colombia ha estado como principal protagonista con el caso de Ordoñez Vs Petro.

Es peligroso porque con el historial de politización de este ente de control, es altamente previsible que se tomen decisiones arbitrarias que apunten a objetivos políticos y electorales, a través de destituciones, suspensiones o inhabilidades a los mandatarios locales y departamentales en ejercicio.

Otra de estas iniciativas tramitadas, es la reforma a la justicia, la cual en uno de sus apartes trae el articulito que reduce los requisitos de experiencia, trayectoria y formación para las personas que aspiren a ser magistrados en las altas cortes.

Es decir, se podrán elegir candidatos sin experiencia en el sistema judicial de nuestro país, en pocas palabras, estaremos en manos de judicantes (practicantes de derecho) que seguramente tendrán intereses políticos de alta cuantía.

Y así, hay muchos otros ejemplos actuales e históricos de las actuaciones poco ortodoxas por no decir reprochables del legislativo en Colombia.

Gracias al Congreso actual, la pobre y débil institucionalidad de nuestro país se va desmoronando ante nuestros ojos, dándole cabida a la politización de la misma, generando aún más reparos a su credibilidad e imparcialidad y poniendo en “jaque” al ya maltrecho y poco inclusivo sistema democrático colombiano.

Con todo esto circundando el ámbito político, institucional y legislativo de Colombia, vale la pena preguntarse: ¿un Congreso así, para qué?

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