El bloqueo de la Avenida Colombia a pocas horas de haber sido inaugurado el túnel, debe llevar a replantear a las autoridades caleñas el manejo de las marchas. Si bien la del jueves pasado no estaba autorizada, lo que la hacía imprevisible, es común que vías principales de la ciudad sean bloqueadas por cuenta de manifestaciones a las que se les ha dado permiso.

No se trata de coartar la protesta, que está consagrada en la Constitución Nacional, pero sí, recordando que el derecho de un ciudadano termina donde empieza el de otro, establecer rutas que permitan la realización de movilizaciones sin que paralicen las zonas de la ciudad por las que pasan.

Los traumatismos que ocasionan los bloqueos de las marchas que ocupan hasta por medio día una vía principal tienen consecuencias que vale la pena considerar: se paraliza el transporte, lo que afecta el libre desplazamiento de otros ciudadanos; se cierra el comercio, por temor a disturbios, lo que causa perjuicios económicos, y, en no pocas ocasiones se afecta la propiedad privada y el mobiliario urbano, por parte de vándalos que se cuelan en las protestas.

Con el antecedente de los daños registrados en marchas en la ciudad es necesario establecer mayores compromisos por parte de quienes las convoquen, para que haya responsabilidades que permitan reponer y reparar a quienes resulten afectados por las movilizaciones en las que se cometan desmanes, no puede ser que además de soportar la congestión y los bloqueos, los ciudadanos pacíficos o el Municipio tengan que cubrir estos costos.

Una manifestación pacífica, organizada, que vaya por las calles autorizadas, que no bloquee el paso del transporte público y en la que no se rayen paredes ni se lancen piedras ni explosivos, es bienvenida como una expresión democrática de inconformidad, pero toda movilización que se salga de esos parámetros, no se puede permitir.

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