Las cifras confirman una realidad que los caleños perciben todos los días: la seguridad sigue siendo el principal desafío de la ciudad.

Con corte al 14 de julio, Cali registraba 72 homicidios más que en el mismo período del año anterior y, durante el reciente puente festivo, entre sábado, domingo y lunes, fueron asesinadas 15 personas. Son cifras que obligan a actuar con mayor contundencia.

Sería injusto desconocer el esfuerzo que viene realizando la administración local del alcalde Alejandro Eder.

Sin embargo, la lucha contra el crimen tiene límites cuando no existe un respaldo decidido del Gobierno Nacional.

Los recursos son insuficientes, el pie de fuerza resulta limitado y las capacidades de inteligencia y operación necesitan fortalecerse para responder a un fenómeno criminal cada vez más complejo.

Cali no enfrenta únicamente delincuencia local. La ciudad se convirtió en el centro donde confluyen buena parte de las economías ilegales que operan en el suroccidente colombiano.

Aquí se producen, como suele decirse, los “ajustes de cuentas” entre organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras actividades criminales que tienen presencia en Buenaventura, el Cauca, Nariño y otros territorios de la región.

Por eso, la seguridad de Cali no puede analizarse de manera aislada. Mientras las organizaciones criminales mantengan control territorial en amplias zonas del Pacífico colombiano, la capital del Valle seguirá recibiendo el impacto de esa violencia.

Durante los cuatro años del gobierno del presidente Gustavo Petro, la seguridad dejó de ser una prioridad nacional.

Las decisiones adoptadas terminaron debilitando la capacidad ofensiva del Estado y fortaleciendo a organizaciones criminales que hoy cuentan con mayor presencia territorial y mayor capacidad de daño. Esa realidad terminó reflejándose también en Cali.

El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de corregir ese rumbo. La ciudad necesita más pie de fuerza, mejores capacidades de inteligencia, mayor inversión en tecnología, equipos especializados y una coordinación permanente entre la Nación y las autoridades locales.

Pero, sobre todo, necesita que el Estado recupere el control de los territorios donde nacen las estructuras criminales que después trasladan su violencia a las ciudades.

La administración local ha demostrado voluntad para enfrentar el problema. Ahora le corresponde al Gobierno Nacional darle la mano a Cali.

Reducir los homicidios es urgente, pero también lo es fortalecer la seguridad ciudadana en todos los frentes.

Recuperar la tranquilidad de la capital del Valle exige una estrategia regional y un Gobierno decidido a combatir, sin ambigüedades, a quienes hoy amenazan la vida y la libertad de los colombianos.

Comments