La creación de los bloques de seguridad urbana anunciada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, merece respaldo.

Más allá del nombre que finalmente adopte esta estrategia o de los ajustes jurídicos e institucionales que requiera, el país necesita fortalecer de manera urgente su capacidad para enfrentar la delincuencia que mantiene bajo asedio a millones de colombianos en las ciudades.

Durante los últimos años la inseguridad urbana se convirtió en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Robos, extorsiones, homicidios y múltiples modalidades delictivas afectan diariamente la tranquilidad de quienes trabajan, estudian o simplemente salen a las calles.

Cali es uno de los ejemplos más claros de esa realidad, con un preocupante aumento de los homicidios frente al año anterior y una percepción creciente de inseguridad.

Por eso resulta positivo que el nuevo Gobierno quiera concentrar esfuerzos específicos en las ciudades, donde hoy se concentra buena parte de la criminalidad.

Una mayor presencia institucional, mejores capacidades de inteligencia, coordinación entre Nación y alcaldías y una persecución mucho más efectiva contra las estructuras delincuenciales no solo facilitarán capturas, sino que tendrán un efecto preventivo.

Buena parte de los delincuentes actúa convencida de que nada les ocurrirá.

Paralelamente, será necesario revisar si el sistema judicial requiere ajustes que permitan judicializaciones más rápidas y efectivas, así como fortalecer una política penitenciaria que impida que muchos delincuentes continúen dirigiendo actividades criminales desde las cárceles.

Sorprende que algunos sectores hayan reaccionado rechazando la iniciativa incluso antes de conocer su estructura definitiva.

En un país donde miles de familias viven atemorizadas por el crimen, la prioridad debe ser proteger a los ciudadanos, no facilitarles la vida a los delincuentes.

El gobierno que termina, encabezado por Gustavo Petro, envió con frecuencia mensajes de indulgencia frente al delito y debilitó la percepción de autoridad del Estado.

El resultado está a la vista: organizaciones criminales fortalecidas y una inseguridad que golpea la vida cotidiana de millones de colombianos.

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