La Contraloría General, mediante un informe que le remite a la Corte Constitucional, alerta sobre la preocupante situación carcelaria en Colombia. Además del pronunciamiento de Edgardo Maya, ya habíamos oído otras voces oficiales sobre el asunto, pero el peligro de la “bomba de tiempo”, sigue ahí latente.
Hace cinco años la entonces ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, ya había señalado que el hacinamiento carcelario era de 200 %. Ahora, luego de visitas a las seis cárceles más peligrosas, el ente de control tasó el hacinamiento en un 260 %. Nos preguntamos: ¿Será una cifra ascendente contradictoria si la comparamos con los balances de los alcaldes de las principales ciudades que pregonan bajar anualmente los homicidios? Claro que el desfase se entiende al descubrir que sólo el 10% de los reclusos tienen fallos condenatorios y que tanto detenidos preventivos, como criminales sentenciados, están confinados en el mismo hacinamiento.
Esta realidad vuelve una frase de cajón a la que leemos en las fachadas de las cárceles: “Aquí entran los delitos pero salen buenos ciudadanos”. La criminalidad no se acabará con más condenas, ni el problema carcelario feriando libertades o nombrando más centinelas. Se requiere presupuesto para garantizarles una vida digna y de trabajo.
La implementación de programas de reeducación, con la vinculación laboral de los internos en procesos productivos, sin desestimar los estímulos para aquellos empresarios que ofrezcan trabajo a los expresidiarios para que no reincidan. Que la justicia penal sea más que unos jueces privando de la libertad a los delincuentes, un Estado confinándoles en panópticos y una sociedad que los ignora sin percatarnos de la “bomba de tiempo”.
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