Víctor Manuel García

Los colombianos somos menores de edad

Víctor Manuel García

Hoy quiero hacer referencia a un tema que va más allá de un ejercicio de análisis político basado en la coyuntura actual particular.

Hoy precisamente cuando estamos nuevamente y de manera desparpajante y aterradora presenciando escenas de violencia en diversos puntos del territorio nacional, es momento de preguntarnos el por qué volvemos a evidenciar escenas de las cuales tuvimos la oportunidad de dejar en el pasado y que como ciudadanía (en mi opinión), no estuvimos a la altura del contexto histórico que nos tocó vivir.

Y con esto hago referencia a un suceso ocurrido en el año 2016 donde los colombianos tuvimos la oportunidad de legitimar y refrendar la posibilidad de dejar en el pasado, por lo menos de manera parcial, más de seis décadas de confrontación violenta en medio de un conflicto que de acuerdo a las nomenclatura internacional era de “baja intensidad”, pero que dejó durante todo este tiempo más de 220 mil muertos y millones de víctimas, convirtiéndonos durante mucho tiempo en el país con más desplazados en el planeta, llegando en su momento a tener la escandalosa cifra de 8.219.403 víctimas de desplazamiento forzado, en el periodo comprendido entre 1985 y 2021, según cifras del Registro Único de Víctimas, cuyo apogeo tuvo lugar entre 1997 y 2004 de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica.

El plebiscito planteado en 2016 por el entonces Presidente Juan Manuel Santos, para refrendar los acuerdos de La Habana, pactados con las extintas FARC (lo que hoy existen son disidencias), buscaba darle la suficiente legitimidad y fuerza política para que precisamente este tuviera el suficiente músculo político para que fuera acatado por quien debía ser el principal garante del cumplimiento del mismo: el Estado colombiano, que a su vez está sujeto a vaivenes políticos, que hacían impredecible su sostenibilidad en el tiempo.

Y perdimos la oportunidad porque la sociedad no fue capaz de ver más allá del ejercicio puntual de la negociación con uno de los actores más importantes del conflicto de nuestro país, no se entendió en su momento que para bien o para mal, perfecta o imperfecta esta habría podido ser un logro aun mayor si se hubiera articulado con el proceso de desmovilización de gran parte de las autodefensas que existían en el territorio nacional durante el gobierno de Álvaro Uribe, que si bien se tuvieron en su momento grandes interrogantes sobre el mismo, y este no estuvo exento de la polémica, se le debe reconocer que hubo un alcance significativo en la reducción de estos grupos paramilitares.

Siguiendo la idea, por allá en el siglo XVIII surgió un renombrado filósofo prusiano (actual Alemania), Immanuel Kant, que en sus diversos postulados planteó unas importantes bases para entender el proceso de toma de decisiones de los grupos ciudadanos, unas obras que aún hoy cerca de 300 años después siguen vigentes.

Uno de sus postulados tiene que ver con el ejercicio de la razón como aquella facultad del ser humano de comprender, pensar, analizar y por ende tomar decisiones frente a un contexto particular, la cual a su vez puede estar sujeta a imperativos categóricos, que en palabras sencillas tiene que ver con que nuestras acciones se deben basar en principios éticos universales o que por lo menos se entiendan de esa manera y que a su vez se le pueda atribuir cierto valor moral, es decir, acciones que se guíen y se enmarquen en estos principios.

¿A qué va lo anterior? Sencillamente al ejercicio de lo que el mismo Kant plantea como el desarrollo de la mayoría de edad, que en nuestros tiempos parece simplificarse al solo hecho de cumplir cierta edad, que en el caso colombiano, son los 18 años, pero que en su sentido más profundo se debe entender como esa capacidad de tomar decisiones propias a partir de la construcción racional de su propio criterio que se deriva de la intención de ilustrarse sobre algún proceso en particular, sin delegar esa posibilidad a un tercero por el simple hecho de la pereza o la “cobardía” de hacer lo necesario de dejar la “comodidad” de ser “menor de edad”, etapa del ser humano en la que se delega la “fastidiosa tarea” de analizar y argumentar y por supuesto opinar.

Cuando en Colombia encontramos procesos electorales, incluso del orden y jerarquía presidencial, donde una gran “masa de ciudadanos” optan por elegir mediante el sagrado derecho al voto a un individuo por el solo hecho de ser “el que diga” X o Y figura nacional, pues allí se configura esa minoría de edad de una sociedad que deshecha la posibilidad de construcción de un criterio propio.

A su vez, en referencia con la victoria del “no” en el plebiscito, resultado del cual a pesar hoy se diga que al fin y al cabo se suscribió el acuerdo, políticamente lo dejó sin el suficiente sustento para que los gobiernos subsiguientes sintieran el “peso político” que los obligara en el ejercicio de ejecución para dar cumplimiento con lo pactado, un incumplimiento que se ha vivió durante todo el gobierno de Iván Duque y lo que va del gobierno de Gustavo Petro (sumado a su falta de autoridad) y que hoy empiezan a sentirse las consecuencias en el territorio.

Hay que tener algo muy claro, la espiral de violencia que se comienza a vivir no es el resultado de lo pactado, sino por el contrario, es la secuela de los incumplimientos por parte del ejecutivo a lo firmado.

Colombia se precia de ser un país construido a partir de un “contrato social” derivado de las ideas occidentales, es decir de principios “judeocristianos”, donde la vida es el elemento más sagrado para preservar, sin embargo, parece que en este ejercicio aún somos un país en construcción que todavía quiere ser: “menor de edad”.

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