Para el año 2013 el Procurador Alejandro Ordoñez sancionó a quien ejercía como Alcalde de Bogotá por las supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital destituyéndolo e inhabilitando por 15 años para aspirar a cargos de elección popular.

Como respuesta a esta extralimitación del Exprocurador Ordoñez, el Alcalde Petro recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es miembro, y esta a su vez determinó que la Procuraduría no podía inhabilitarlo ni retirarlo de su cargo, al haber sido elegido popularmente, esa competencia era únicamente de jueces, es decir, de la rama judicial.

El año pasado, la Procuraduría fue reformada a través de un proyecto de ley, en el cual, además de robustecer la estructura burocrática del organismo, se crearon una especie de Procuradores/Jueces de primera instancia, los cuales permitirían saltarse la restricción puesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH para sancionar, suspender o destituir mandatarios que no den estricto cumplimiento a los deberes, o que obstaculicen la correcta marcha de la administración pública.

Así pues, la Procuradora sancionó al Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, suspendiéndolo de su cargo, por presunta participación en política, por un video que colgó en su Twitter arrancando un carro acompañado de la frase “el cambio en primera”, donde supuestamente estaría refiriéndose victoria de Gustavo Petro en primera vuelta.

A la luz de la ley definir que el Alcalde haya o no participado en política no es tan sencillo, de forma general varios candidatos hablan de ser los candidatos del cambio y el Alcalde argumenta que el video se refería a una campaña de expectativa por los grandes cambios que su gobierno está haciendo en Medellín. Sin embargo, es claro que el Alcalde se refería a la contienda electoral.

La primera torpeza que comete la procuradora es que su exjefe, el Presidente, ha participado de forma más explicita de la actual campaña, por ejemplo, en marzo cuestionó las propuesta de transición energética y de la de acabar con el ICETEX y en abril cuestionó abiertamente la propuesta de reforma las pensiones de Petro.

El Fiscal por su parte argumentó que es lamentable que Petro pretenda ser Presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país. Y el Comandante del Ejército Nacional, el General Zapateiro, frente a un cuestionamiento a posible corrupción y vínculos con el narcotráfico de miembros del ejército, respondió argumentando que “los Colombianos lo han visto a usted recibir dineros en bolsas de basura”, investigación que ya fue cerrada y una de las banderas electorales que usa el uribismo contra Petro.

Entonces, varios funcionarios del gobierno nacional, iniciando por el Presidente han participado en la contienda electoral, infringiendo la ley y la Procuradora no ha hecha nada al respecto. Si bien es cierto ante el Presidente no tienen competencia, históricamente quien ha ocupado el cargo de Procurador ha enviado una carta al Presidente de turno recordándole y advirtiéndole de su imposibilidad de participar en política cuando lo han hecho.

La segunda torpeza de Cabello, según argumenta el Alcalde Quintero, es que se saltó esa primera instancia que habían creado con la reforma a la Procuraduría, el Juez/Procurador con el que buscan hacerle conejo a la sentencia de la CIDH, por lo cual violaría el debido proceso.

Y la tercera torpeza, es precisamente, darle vía a Federico Quintero para que se victimice y salga a hacer campaña abiertamente en uno de los territorios donde más necesita descontarle votos el Pacto Histórico a Fico Gutiérrez.

En suma, me atrevería a pensar que la destitución de Quintero no fue más que una estrategia electoral, una trampa en la que la Procuradora mordió el anzuelo, ya que más tarde que temprano Quintero volverá a su puesto, tras haber desnudado la inexistencia de parcialidad por parte de la Procuradora y el sesgo a la hora de ejercer sus funciones.

Peligra una democracia donde los órganos de control, las diferentes ramas del poder público y hasta la Registraduría toman partida por un candidato presidencial en lugar de respetar las leyes y dejar que los ciudadanos expresen su voluntad en unas elecciones libres y transparentes.

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