En medio de tanta dinámica política, el escándalo del software “Pegasus”, las elecciones en Estados Unidos, la COP16, el video filtrado de Gustavo Bolívar en el cual menciona la estrategia de restarle credibilidad a los medios de comunicación “tradicionales”, está pasando prácticamente desapercibido algo que debería preocuparnos y mucho a los colombianos en materia de seguridad.
La semana anterior el Ministerio de Defensa dio a conocer la resolución 4760 del 1 de noviembre de 2024, mediante la cual se le da fin a una de las estrategias que más ha funcionado en el combate contra la delincuencia en el país: los Comandos Conjuntos y las Fuerzas de Tareas Conjuntas de las fuerzas armadas.
Es decir, al suprimir de “un plumazo” las tan importantes Fuerzas de Tarea Conjuntas como Orión, Hércules, Marte, Quirón y Omega, se reduce a que de ahora en adelante las acciones y operaciones contra la delincuencia serán atendidas por cada una de las fuerzas de manera individual, lo que se traducirá sin lugar a duda en un detrimento en la coordinación y colaboración operativa entre la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada Nacional.
En otras palabras, estamos retrocediendo más de 20 años en materia de interoperatividad y coordinación en las acciones militares, algo que ha contribuido de manera evidente en la lucha contra el crimen organizado en el país en las últimas dos décadas.
Parece que el gobierno se olvidara que gran parte de las razones del fortalecimiento durante las décadas de los 80’s y 90’s de las guerrillas presentes en el país, se debió en primer lugar a una fuente constante de financiación de sus operaciones a través del dinero del narcotráfico y en segundo lugar que al ampliar sus capacidades bélicas no encontraban oposición en diferentes zonas del país por parte del Estado, en gran medida, por la falta de coordinación de la inteligencia interinstitucional y por la nula existencia de la operación coordinada y conjunta entre las tres ramas de las fuerzas militares y ni que decir de la Policía.
No se nos pueden olvidar las imágenes de la toma a Mitú, un triste recuerdo de las consecuencias de esta situación de separación de operaciones.
En este punto no se entiende la apuesta del gobierno nacional en este sentido, aún más cuando el grueso de las operaciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta que fueron suprimidas, se llevan a cabo en el Cauca, Caquetá, Putumayo, Antioquia, Chocó y Llanos Orientales con incidencia en la zona del Catatumbo, es decir, las zonas con mayores desafíos en materia de seguridad.
El ministro Iván Velásquez ha manifestado en diversos medios de comunicación que esta medida “no debilitará a las fuerzas militares”, argumentando que habrá un incremento de pie de fuerza de cerca de 16 mil hombres y mujeres en las fuerzas armadas para el año 2026, pero ¿servirá el simple hecho de aumentar en números los integrantes de las fuerzas militares si no hay sinergia operativa entre ellas?
Definitivamente en materia de seguridad el gobierno de Gustavo Petro no levanta cabeza, es más, se podría decir que en muchos aspectos está tomando decisiones enmarcadas más en el ámbito político que en el ejercicio militar y de protección del territorio.
Desde todo punto de vista la decisión de suprimir las Fuerzas de Tarea Conjunta y los Comandos Conjuntos, apunta a que es un craso error y que se convierte en una “amenaza” para la seguridad de los colombianos que está pasando desapercibida.
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