El manejo de la política internacional siempre será la función más delicada para todo Estado, porque compromete su prestigio, dinamiza su economía y garantiza la buena convivencia en la comunidad mundial.

Terminados los tiempos de los imperios y de las metrópolis colonizadoras, surgió una nueva comunidad internacional de países que determinaron sus fronteras acordes a los legados geopolíticos y que luego aclararon mediante tratados internacionales.

Los gobiernos acertaron o cometieron errores sin que los ciudadanos tuvieran suficiente acceso a los tratados y a conocer las responsabilidades estatales en su política exterior.

Mucho tiempo se habló de la prensa como un cuarto poder. Pero ahora, gracias al desarrollo de la comunicación virtual que posibilita diferentes miradas y es inmediatista la información, será difícil ocultar por mucho tiempo la manera que un Estado asume y administra su política internacional.

Con el caso de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre el diferendo entre Colombia y Nicaragua, motivado por los reclamos por entorpecimiento de los ejercicios de las soberanías y aprovechamientos comerciales del archipiélago de San Andrés, me pareció extraño que exceptuando la repetida difusión del discurso presidencial y de las declaraciones de los comisionados Manuel José Cepeda y Gustavo Arrieta, las cadenas de televisión no le dieran el despliegue suficiente a este asunto de interés general para los colombianos.

Esto provoca confusión para la comprensión de los efectos de la sentencia de la Corte de La Haya. Sin embargo, fundamentados en los que sabíamos, nos surgen varios interrogantes: ¿Qué acordó Colombia en 2012, cuando casi un siglo después afrontó el problema con Nicaragua? ¿Nuestro Estado cumplió o desconoció lo pactado? ¿Cuáles serán los efectos del reciente fallo?

En relación con la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, desde los siglos anteriores fuimos afortunados. En la Colonia la Corona Española, mediante reales cédulas, determinó que San Andrés perteneciera a la Nueva Granada.

Después de la Independencia y cuando se pactaron las fronteras internacionales entre los nuevos países, Colombia y Nicaragua, libremente, firmaron un tratado que ratificó la soberanía de nuestro Estado sobre el archipiélago.

Años después, durante varias oportunidades el país centroamericano venía demandando que se le devolviera su soberanía, argumentando que el tratado Esguerra-Bárcenas era inválido por haberse firmado en tiempos de guerra y fundamentado en la mayor cercanía de las islas a su territorio.

En 2012, nuestro país representado entonces por la canciller María Ángela Holguín, Colombia y Nicaragua se reunieron.

En la negociación fuimos débiles, algo que se reflejó cuando Colombia cedió 75 mil kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua. Las relaciones se volvieron tensas porque nuestro país en el uso del mar siguió comportándose como si no hubiese pasado nada y las cosas quedaran iguales.

El reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, 21 de abril de 2022, no sancionó a nuestro país, pero prohíbe que Colombia siga interfiriendo en el mar negociado hace diez años. Los triunfos y derrotas tras un fallo no pueden evaluarse con adjetivos, sino en la materialidad de la aplicación de la sentencia.

De nada vale una soberanía declarada si a la par se anotan en el mismo texto unas prohibiciones que restringen el ejercicio marítimo.

Es delicado hacer declaraciones oficiales ambiguas en relación sobre la pesca de los nativos, si tenemos en cuenta que de esta actividad artesanal y de sus servicios personales en la hotelería turística, es que sobrevive gran parte de la población isleña.

Que un fallo exhorte a nuevas conversaciones entre los dos países, no puede calificarse como un triunfo. Aclarar y democratizar la información es un deber del Estado.

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