La orden de no extradición y liberación de Jesús Santrich es solo el comienzo, nos queda un largo camino de arbitrariedad y desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico por parte de la JEP.

Lo advertimos durante el plebiscito y se atrevieron a decirnos mentirosos, la justicia especial para las Farc, que de justicia no tiene nada, fue creada bajo parámetros que terminarían concediendo impunidad a los delitos más atroces cometidos por las Farc.

Jesús Santrich, acusado de enviar a EE.UU. 10 toneladas de cocaína entre junio de 2017 y abril de 2018, fechas que a todas luces son posteriores a la firma del acuerdo, quedó en libertad por orden de quienes, sin más ni menos, decidieron poner en jaque los principios rectores del Estado Social de Derecho.

Qué fácil fue negar la existencia de pruebas contundentes que demostraran la conducta ilícita. Fue tan insignificante para los magistrados de la JEP el video donde se ve al exguerrillero con supuestos delegados del cartel de Sinaloa, que eran agentes encubiertos de la DEA, negociando el tráfico de coca, acompañada de una versión del sindicado en la que admite que se trataron de hechos entre finales de 2017 y febrero de 2018.

Al parecer, con los ojos vendados de impunidad, la JEP puso nuevamente en jaque nuestra institucionalidad, dando uno de los peores golpes a la justicia de la última década.

Como colombianos no tenemos otra opción, las batallas se ganan peleando y llegó la hora de que nos unamos para proteger nuestro Estado Social de Derecho, a la calle y con la puerta abierta para una Asamblea Constituyente que proteja nuestro sistema judicial y garantice justicia. La JEP no puede seguir operando.

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