La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 21 años y 7 meses de prisión contra el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, al ratificar la sentencia emitida por la Sala Especial de Primera Instancia, el 20 de noviembre de 2023, por irregularidades en un convenio destinado a dotar bibliotecas escolares del departamento.

La decisión se produjo al resolver la apelación presentada por Abadía contra la condena que lo declaró responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

El proceso judicial se originó por un convenio de cooperación suscrito el 29 de enero de 2010 entre la Gobernación del Valle del Cauca, representada entonces por Abadía y el secretario de Educación Eiber Navarro, y la fundación Calimío, para la dotación de material bibliográfico en 40 bibliotecas escolares ubicadas en diez municipios del departamento.

Irregularidades

De acuerdo con la decisión judicial, durante la investigación se estableció que el convenio, cuyo valor superó los mil millones de pesos, fue celebrado incumpliendo requisitos legales esenciales para su perfeccionamiento y ejecución.

La Corte encontró que se utilizó la figura de un convenio de interés público para evitar un proceso de licitación y favorecer a terceros, pese a que las características del contrato implicaban contraprestaciones que exigían otro tipo de procedimiento contractual.

Los magistrados también concluyeron que la administración departamental no elaboró estudios previos completos que permitieran determinar las necesidades reales de las instituciones educativas que serían beneficiadas con la iniciativa.

Según la decisión, Juan Carlos Abadía tenía conocimiento de las exigencias legales que debían cumplirse para la contratación y de los límites de cuantía que obligaban a adelantar un proceso licitatorio.

Para la Corte Suprema, el entonces mandatario departamental era consciente de que la contratación no se estaba realizando bajo los procedimientos establecidos por la ley.

Sobrecostos y apropiación de recursos públicos

El proceso también permitió establecer que la fundación contratada subcontrató a dos empresas para la adquisición de los libros que serían entregados a las bibliotecas escolares.

De acuerdo con la investigación, en esas negociaciones se presentaron sobrecostos que terminaron favoreciendo a representantes de la fundación y de las empresas vinculadas al proyecto, quienes se apropiaron de recursos públicos destinados al programa educativo.

Con esta decisión de segunda instancia, queda en firme la condena impuesta contra el exgobernador del Valle del Cauca.

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