Cali, junio 16 de 2026. Actualizado: martes, junio 16, 2026 20:47
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Por: Carlos E. Pinzón F
La discusión sobre la salud en Colombia parece atrapada en un ciclo interminable.
Cambian los gobiernos, cambian los proyectos de reforma, cambian los actores del debate, pero las preguntas de fondo permanecen sin respuesta.
Mientras la conversación pública se concentra en las EPS, la ADRES, el giro directo o las facultades regulatorias del Estado, el país sigue sin resolver un asunto mucho más profundo: cuáles son los acuerdos sociales mínimos que deben orientar la garantía del derecho a la salud durante las próximas décadas.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas sanitarios más exitosos no son necesariamente aquellos que adoptan un modelo institucional específico.
Son aquellos que logran construir consensos duraderos sobre cómo distribuir recursos limitados, cómo incorporar innovación, cómo organizar la solidaridad social y cómo equilibrar las expectativas ciudadanas con las capacidades reales de financiación.
Colombia necesita precisamente ese tipo de conversación.
La Ley Estatutaria 1751 de 2015 representó uno de los avances más importantes en la historia sanitaria del país al reconocer la salud como un derecho fundamental autónomo e irrenunciable.
Sin embargo, convertir la salud en un derecho no elimina una realidad que enfrentan todos los sistemas sanitarios del mundo: las necesidades potenciales son virtualmente infinitas, mientras que los recursos son necesariamente limitados.
Cada año aparecen nuevas tecnologías, medicamentos, dispositivos diagnósticos y tratamientos con capacidad de mejorar la vida de millones de personas.
Pero ninguna sociedad dispone de recursos suficientes para financiar simultáneamente todas las intervenciones disponibles para toda la población.
Por esta razón, los sistemas más desarrollados han evolucionado hacia modelos explícitos de priorización basados en evidencia científica, necesidad sanitaria, valor social y sostenibilidad financiera.
El verdadero desafío para Colombia no consiste en limitar el derecho, sino en hacerlo explícito, transparente y sostenible.
La pregunta que debe responder la sociedad es cuáles son las garantías sanitarias que deben estar protegidas para todos los ciudadanos y bajo qué criterios deben incorporarse nuevas prestaciones al sistema.
Durante décadas hemos actuado como si la salud fuera producida principalmente por hospitales, clínicas y medicamentos.
La evidencia demuestra algo diferente.
Los determinantes sociales, económicos y ambientales explican una proporción mucho mayor de los resultados en salud que los propios servicios sanitarios.
Factores como educación, vivienda, empleo, alimentación, actividad física, salud mental, cohesión social y condiciones ambientales tienen una influencia decisiva sobre la esperanza y la calidad de vida.
Esto obliga a replantear la forma como entendemos el derecho a la salud.
El país necesita avanzar desde una visión centrada exclusivamente en la prestación de servicios hacia un verdadero sistema social de salud basado en la corresponsabilidad.
El Estado debe garantizar acceso, protección financiera y regulación efectiva. Pero la ciudadanía también debe asumir un papel activo en el autocuidado, la prevención, la adherencia a tratamientos y el uso responsable de recursos que son, en esencia, recursos colectivos.
Sin corresponsabilidad, ningún sistema sanitario será sostenible.
La discusión sobre el aseguramiento se ha convertido en uno de los puntos más polarizados del debate nacional.
Sin embargo, la evidencia internacional ofrece una lección importante: no existe un único modelo organizacional capaz de garantizar mejores resultados.
El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, los sistemas de aseguramiento social de Alemania y Países Bajos, o los modelos mixtos de varios países europeos alcanzan desempeños satisfactorios mediante estructuras institucionales diferentes.
Lo que realmente determina los resultados es la calidad de la gobernanza, la regulación, los incentivos y la capacidad de coordinación.
Colombia construyó durante más de treinta años capacidades institucionales significativas en afiliación, compensación de riesgos, gestión poblacional, contratación de redes y protección financiera.
Estas capacidades constituyen activos públicos que sería costoso y riesgoso destruir.
El debate no debería centrarse en eliminar o preservar actores específicos.
Debería concentrarse en cómo transformar el aseguramiento para que evolucione desde una lógica predominantemente administrativa hacia una verdadera gestión integral del riesgo en salud y generación de resultados poblacionales.
Pocas palabras generan tanta controversia en salud como sostenibilidad.
Con frecuencia se presenta como una limitación al derecho. En realidad, constituye la condición que permite garantizarlo de manera permanente.
Las presiones financieras que enfrenta el sistema no son coyunturales. Son estructurales.
El envejecimiento poblacional, la transición epidemiológica, el crecimiento de las enfermedades crónicas, el aumento de los trastornos de salud mental, la expansión del cáncer y la aceleración tecnológica seguirán incrementando el gasto sanitario durante las próximas décadas.
La sostenibilidad no puede reducirse a la discusión anual sobre el valor de la UPC.
Requiere una agenda mucho más amplia que incluya suficiencia financiera, reducción de la informalidad laboral, fortalecimiento de fuentes de financiación, supervisión prudencial efectiva, monitoreo de reservas técnicas, gestión de la siniestralidad y mecanismos de estabilización para enfrentar crisis económicas o epidemiológicas.
Garantizar la sostenibilidad no significa gastar menos. Significa gastar mejor y proteger la capacidad futura del sistema para responder a las necesidades de la población.
La innovación médica está transformando aceleradamente las posibilidades de atención.
La medicina de precisión, las terapias avanzadas, la inteligencia artificial, las terapias génicas y las nuevas tecnologías diagnósticas ofrecen oportunidades extraordinarias para mejorar supervivencia, funcionalidad y calidad de vida.
Pero también representan uno de los mayores desafíos para la sostenibilidad financiera.
La discusión no debe ser si Colombia financia o no innovación. La verdadera pregunta es cómo identificar aquellas innovaciones que generan suficiente valor para justificar su financiación con recursos públicos limitados.
Esto exige avanzar hacia modelos explícitos de evaluación de valor, similares a los desarrollados por instituciones como NICE en el Reino Unido o CADTH en Canadá.
Las decisiones no pueden depender únicamente de la efectividad clínica. También deben incorporar criterios relacionados con equidad, impacto poblacional, protección financiera, necesidades sanitarias no satisfechas y sostenibilidad presupuestal.
La innovación debe convertirse en un instrumento para ampliar el derecho a la salud, no en un factor que profundice inequidades o comprometa la viabilidad financiera del sistema.
Durante años Colombia ha discutido quién administra el sistema.
Tal vez llegó el momento de discutir para qué existe el sistema.
Porque la verdadera pregunta no es si la salud debe organizarse mediante aseguradores, prestadores o agencias públicas.
La pregunta es cómo garantizar que las generaciones futuras tengan acceso a un sistema capaz de ofrecer atención oportuna, incorporar innovación, reducir desigualdades y mantenerse financieramente viable.
Los países que han logrado construir sistemas de salud resilientes entendieron que la sostenibilidad no surge de una reforma específica ni de un gobierno particular.
Surge de acuerdos sociales amplios y duraderos.
La salud colombiana necesita menos confrontación ideológica y más consensos estratégicos. Menos debates sobre estructuras y más acuerdos sobre principios.
Porque, al final, la sostenibilidad del sistema no es un problema financiero ni administrativo. Es una decisión colectiva sobre el tipo de sociedad que queremos construir.
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Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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