La situación que hoy se vive en las urgencias del Hospital Universitario del Valle no es un hecho aislado ni una coyuntura pasajera.

Es la expresión más clara de una crisis estructural del sistema de salud que se profundizó durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y que tiene al mayor hospital del suroccidente colombiano operando más allá de sus límites.

El colapso es evidente. Entre 200 y 250 personas ingresan cada día por urgencias a un servicio diseñado para mucho menos.

Las 120 camas oficiales resultan insuficientes y obligan a habilitar hasta 200 camillas diarias.

Pacientes en estado grave pueden esperar más de 24 horas por una cama, mientras el personal médico trabaja bajo una presión extrema.

La situación es especialmente crítica en ginecobstetricia. Cerca de 1.500 mujeres embarazadas llegan cada mes al HUV, muchas sin haber recibido atención previa efectiva.

El hospital, además, atiende pacientes remitidos desde Cauca, Nariño, Tolima y Chocó, con cerca de seis mil solicitudes de traslado mensuales que continúan llegando pese al colapso.

Detrás de esta sobreocupación hay una causa estructural que el gobierno nacional no ha querido asumir.

El 60% de los pacientes que llegan a urgencias no debería estar allí, son personas que no reciben atención en otros niveles del sistema porque sus EPS no autorizan servicios, no contratan la red o no pagan oportunamente, y esa omisión termina empujándolos al hospital público.

La raíz del problema es financiera. Muchas IPS dejaron de prestar servicios porque las EPS no les pagan, y esas deudas existen porque el gobierno nacional no gira los recursos que debe girarles.

No es casual que las mayores crisis se concentren en EPS intervenidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, como Nueva EPS.

Desde el inicio de este mandato se expresó la intención de desmontar el modelo, y lo que hoy ocurre hace legítimo preguntarse si este deterioro responde a una estrategia deliberada.

Comments