La controversia generada por la supuesta suspensión del presidente Gustavo Petro constituye uno de los episodios más extraños de la actual campaña presidencial, no sólo porque el jefe de Estado no ha sido separado de su cargo, sino porque la actuación que dio origen a esa versión provino de una congresista del propio Pacto Histórico, la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Lo primero que llama la atención es el origen mismo de la controversia. No se trató de una actuación promovida por la oposición ni de una decisión adoptada por una autoridad independiente.

El documento que generó la tormenta política fue expedido por una representante del mismo partido al que pertenece el presidente, circunstancia que, por sí sola, ya resulta suficientemente llamativa.

Además, las dudas aumentaron al conocer que menos de 24 horas antes de expedir el documento, la congresista habría estado en la Casa de Nariño, algo que contribuye a aumentar las suspicacias.

Como la actuación de Arizabaleta carecía de efectos jurídicos concretos, resulta inevitable preguntarse por las verdaderas motivaciones de su actuar, ¿acaso no conoce las normas?

Esta decisión no fortaleció ninguna investigación, no produjo consecuencia institucional alguna y tampoco modificó la situación jurídica del presidente, lo que sí produjo fue ruido político, confusión ciudadana y un nuevo foco de polarización en medio de una campaña electoral ya suficientemente tensionada.

Por eso, no sorprende que desde distintos sectores políticos hayan surgido interpretaciones sobre una posible estrategia de victimización para beneficiar a Gustavo Petro y, a través de él, al candidato presidencial del partido de gobierno, Iván Cepeda, así como tampoco sorprende que otros hablen de disputas internas dentro del propio oficialismo.

Lo cierto es que cualquiera de las explicaciones posibles resulta preocupante porque revela un manejo irresponsable de asuntos que involucran la estabilidad institucional del país.

Se trata de un episodio confuso, innecesario y políticamente sospechoso que dejó más preguntas que respuestas, porque, al final, lo único completamente claro es que Gustavo Petro nunca estuvo suspendido y que la representante Gloria Arizabaleta no tiene facultades para producir ese efecto.

Ojalá Colombia pueda conocer la verdad detrás de este turbio episodio con aroma a manipulación.

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