Una alerta emitida por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló una preocupante modalidad de lavado de activos que opera actualmente en la región.

Durante su intervención en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la mandataria explicó cómo las bandas criminales están utilizando el contrabando como método de intercambio por estupefacientes, sin que haya de por medio dinero en efectivo.

Esta nueva forma de operar facilita el movimiento de recursos ilegales sin dejar huella en el sistema financiero.

A través del trueque, los delincuentes cambian droga por mercancía de contrabando, principalmente cigarrillos y licor, productos que luego distribuyen en el mercado local.

Este método afecta directamente las finanzas públicas del departamento, ya que evade el pago de impuestos que normalmente se recaudan por la venta legal de esos productos.

Una amenaza a las finanzas públicas y la salud

Las consecuencias económicas son evidentes. Según cifras entregadas por la Gobernación, el ingreso por venta legal de cigarrillos se redujo un 39% a causa del contrabando.

Esta caída en la recaudación impacta especialmente el régimen subsidiado de salud, uno de los principales beneficiarios de estos tributos.

En uno de los casos más recientes, las autoridades incautaron cargamentos de cigarrillos de contrabando avaluados en 680 millones de pesos, producto de un intercambio ilegal entre el Cauca y Santa Marta.

Este hallazgo se suma a investigaciones en curso sobre estaciones de gasolina utilizadas para blanquear capitales, varias de las cuales fueron cerradas tras denuncias formales.

Reconocimiento por medidas preventivas

Frente a este panorama, el Valle del Cauca fue reconocido como modelo nacional por su estrategia de prevención del lavado de activos.

La implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) permite blindar los procesos de contratación.

Este sistema cruza información de personas naturales y jurídicas en más de 400 listas restrictivas internacionales, antes de permitir vínculos con la administración pública.

Andrea Agudelo, jefa regional de Programas Anticorrupción y Lavado de Activos, destacó el papel pionero del departamento en el abordaje institucional del problema.

A su vez, los asistentes al evento resaltaron la contundencia de la intervención de la Gobernadora y los resultados alcanzados en la lucha contra el crimen económico.

Fabiola Perdomo, líder de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, afirmó que este modelo ha fortalecido la articulación con organismos internacionales, y promueve la transparencia en la administración pública.

Para la Gobernadora, estos avances son resultado de una política firme para proteger los recursos públicos de la infiltración criminal.

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