Cali, enero 12 de 2026. Actualizado: viernes, enero 9, 2026 20:59

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Este problema se ha propagado a todos los rincones de Colombia. Incluso un modesto puesto de arepas se ve obligado a pagar una extorsión

Un país invadido por la extorsión

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, asegura que en su departamento se quintuplicaron las extorsiones. Varios mandatarios de otros departamentos que asistieron a la convención de Asobancaria, realizada hace pocos días en Cartagena, denunciaron que en sus territorios ocurren lo mismo.

Paralelamente, en una noticia que parece de tragicomedia, se conoció del caso de un policía que, al ser sorprendido cuando recibía el dinero de una extorsión en Soacha, Cundinamarca, se tragó los billetes para borrar la evidencia.

El año pasado en Colombia, se registraron 9.243 denuncias por extorsión, lo cual representa un aumento del 11% en comparación con el año 2021, cuando se reportaron 8.342 casos ante las autoridades. Aunque estos datos indican un incremento en el delito en el país, existe una gran incertidumbre acerca de la verdadera magnitud, debido al subregistro masivo.

La mayoría de las víctimas de extorsión optan por no denunciar, ya sea por miedo a represalias por parte de los delincuentes o por falta de confianza en las autoridades. Este fenómeno es poco mencionado, pero ampliamente reconocido por todos.

La extorsión no discrimina por nivel de ingresos. Lo que solía ser un delito practicado por las guerrillas, enfocado en grandes empresarios y ganaderos, se ha convertido en un flagelo generalizado llevado a cabo por la delincuencia común en las plazas de mercado y los comercios de barrio. Incluso un modesto puesto de arepas debe pagar una cuota a los delincuentes.

La complejidad de la extorsión radica en que, a diferencia de otros delitos como el hurto, no se puede combatir únicamente con una mayor fuerza policial, sino que requiere un despliegue constante de inteligencia y el acercamiento de las autoridades a las posibles víctimas para generar la confianza necesaria que permita una denuncia oportuna.

El Gaula, que cuenta con experiencia comprobada en esta materia, debe ser fortalecido, y se debe establecer una colaboración estrecha con las autoridades carcelarias para evitar que las redes de extorsión sigan siendo coordinadas desde las prisiones. Es imperativo actuar de inmediato.

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