La muerte de Yulixa Toloza, luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento clandestino de Bogotá, vuelve a poner sobre la mesa una tragedia que Colombia parece empeñada en normalizar.

Según las investigaciones, la mujer habría sido sacada a escondidas del lugar tras presentar complicaciones y posteriormente apareció muerta en una carretera de Cundinamarca.

Las autoridades investigan posibles delitos relacionados con desaparición forzada, omisión de socorro y destrucción de pruebas.

Sin embargo, más allá de las responsabilidades penales individuales que deberán establecer las autoridades, este caso obliga a una reflexión mucho más profunda sobre el fenómeno de las llamadas clínicas de garaje, porque pese a las constantes advertencias, pese a los innumerables casos de muertes, deformaciones y secuelas irreversibles, muchas personas siguen arriesgando su vida en sitios clandestinos que operan sin controles, sin permisos y, en muchos casos, sin personal idóneo.

Además, el problema no radica únicamente en quienes realizan ilegalmente estos procedimientos. También existe una enorme responsabilidad de las autoridades sanitarias.

Resulta incomprensible que establecimientos clandestinos puedan funcionar durante meses o incluso años sin ser detectados, inspeccionados o cerrados.

Por eso, las secretarías de Salud deberían tener grupos permanentes dedicados exclusivamente a detectar y clausurar este tipo de sitios.

No puede ser que las clínicas clandestinas sigan creciendo prácticamente a plena vista y utilizando fachadas para operar ilegalmente.

También preocupa profundamente la manera en que muchas personas terminan tomando la decisión de acudir a estos lugares.

En muchos casos pesan factores económicos, ofertas engañosas o recomendaciones informales entre conocidos.

Pero resulta indispensable insistir en algo elemental: incluso en manos de los mejores especialistas y en clínicas debidamente habilitadas pueden existir complicaciones médicas.

Por eso, el riesgo se multiplica de manera dramática cuando los procedimientos se realizan en sitios improvisados o ilegales.

En consecuencia, Colombia necesita asumir este problema como una prioridad de salud pública y no únicamente como casos aislados de negligencia.

Cada clínica clandestina que permanece abierta representa un riesgo potencial para nuevas víctimas.

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