Es claro que en los procesos de negociación entre un gobierno y un grupo armado ilegal es necesario llegar a un cese al fuego que permita que las partes se concentren en la construcción de un acuerdo y, al mismo tiempo, envíe un mensaje de confianza a la ciudadanía.

En ese sentido, es comprensible que el gobierno del presidente Gustavo Petro busque un cese bilateral con el ELN, el cual iniciará el 3 de agosto, pero lo que resulta imposible de entender y admitir es que en lo convenido no se haya acordado que la guerrilla deje de extorsionar y secuestrar.

¿Cuál será, entonces, la posición de las fuerzas militares y la Policía cuando, iniciado el cese al fuego, el ELN cometa un secuestro?

Los principales beneficiarios de una tregua entre dos bandos deben ser los civiles, pero tal y como está planteado el cese al fuego con el ELN, los ciudadanos quedarán más expuestos frente al accionar de este grupo ilegal, que será realmente el principal favorecido.

El gobierno del presidente Petro debe aprender de sus propios errores. El supuesto cese bilateral con las bandas criminales resultó ser unilateral, pues sólo fue cumplido por las fuerzas del Estado, lo cual fue aprovechado por los ilegales para afianzar su control territorial.

Por ello, en el caso del ELN el gobierno nacional debe evitar que sus buenas intenciones se conviertan en ingenuidad, pues en el afán por concretar un acuerdo final, fácilmente puede caer en concesiones que fortalezcan a la guerrilla y, contrario al objetivo perseguido, se aleje aún más la posibilidad de alcanzar la paz con este grupo.

El ELN debe dar muestras claras de buena voluntad y una señal clara y contundente sería incluir la extorsión y el secuestro en el cese al fuego.

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