La Jurisdicción Especial de Paz cumplió un año de funcionamiento. La entidad fue creada tras los acuerdos de La Habana para juzgar a ex combatientes, militares y civiles.

Durante este primer año la JEP ha tenido tantos defensores como detractores y su funcionamiento ha estado marcado por las continuas desavenencias con la Fiscalía.

Podría decirse que hasta el momento el único balance que puede hacerse es cuantitativo. A la fecha se han acogido cerca de 9.600 ex integrantes de las Farc, más de 1.900 miembros de la Fuerza Pública, entre ellos cuatro generales, y 33 agentes del estado no militares.

La mayoría de ellos deberán responder en los cinco casos que ha abierto relacionados con secuestros, homicidios y desapariciones y falsos positivos. En cuanto a su efectividad hay mucho que preguntarse. La entidad ha dilatado decisiones cruciales como la extradición de Jesús Santrich, la situación jurídica de alias el Paisa y solicitudes de ingreso del político Alberto Santofimio y del general en retiro Miguel Maza.

Igualmente, tiene pendiente pronunciarse sobre la conducta errática de Iván Márquez. La principal crítica que le hacen los opositores a la entidad es que su administración pueda estar marcada por una tendencia ideológica que favorezca a los miembros de las FARC, no le dé el papel que merecen las víctimas y sobre todo que se juzgue con mayor rigurosidad a los miembros de la fuerza pública.

La misma entidad ha confirmado que el caso que avanza con mayor celeridad es el de los falsos positivos y ese es el argumento con el que se ha pedido se reformen los aspectos relativos a los procesos de militares.

En conclusión a un año de funcionamiento hay pocos hechos para “juzgar” la gestión de la JEP

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