Los ataques con drones son una realidad cotidiana del conflicto colombiano y obligan al Estado a replantear su estrategia de seguridad.

En departamentos como Cauca, Chocó, Norte de Santander, Antioquia, Tolima y Huila su utilización se ha extendido rápidamente.

Y la tecnología criminal evoluciona. Las organizaciones ilegales pasaron de utilizar drones comerciales para vigilancia a adaptarlos para lanzar explosivos.

Ahora emplean cámaras infrarrojas, ataques simultáneos, sistemas guiados por fibra óptica y hasta drones “kamikaze”, capaces de dirigirse directamente contra un objetivo.

El problema es que los grupos financiados por economías ilegales pueden comprar un aparato, modificarlo artesanalmente y cambiar rápidamente su forma de ataque, mientras el Estado necesita procesos de contratación, pruebas, capacitación y despliegue antes de incorporar una nueva tecnología. Allí existe una peligrosa desigualdad de tiempos.

El nuevo Gobierno recibe, además, una Fuerza Pública con una evidente brecha tecnológica que debe cerrar, pues durante el mandato de Gustavo Petro las Fuerzas Militares y la Policía se rezagaron debido a las malas decisiones del expresidente que les dieron ventaja a los grupos criminales.

Colombia necesita acelerar sistemas antidrones, inteligencia electrónica, radares y sensores, protección de estaciones y bases, entrenamiento especializado y capacidades móviles que puedan trasladarse rápidamente hacia las zonas amenazadas.

También necesita actualizar permanentemente su respuesta, porque no existe una solución definitiva frente a un adversario que cambia sus métodos constantemente y una tecnología en constante evolución.

Y esto no es solamente un asunto militar, los drones con explosivos están cayendo cerca de viviendas y centros poblados y ya han dejado civiles muertos y heridos.

La guerra cambió. El Estado también tiene que cambiar, y hacerlo más rápido que quienes pretenden atacarlo.

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