La muerte de tres menores de edad, entre los 15 y 16 años, en el bombardeo del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, es profundamente lamentable.

Ningún colombiano puede mostrarse indiferente ante la pérdida de esas vidas.

Pero hay una pregunta que debe hacerse antes que cualquier otra: ¿qué hacían esos menores en un campamento armado?

El objetivo de la Operación Amón era una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, perteneciente a la facción de alias Calarcá y comandada en esa zona por alias Cotis.

Los principales responsables de que esos adolescentes estuvieran allí son quienes los reclutaron.

El reclutamiento de menores es una grave violación del Derecho Internacional Humanitario.

Además, es una práctica de enormes dimensiones: la Defensoría del Pueblo conoció 1.173 casos entre 2024 y julio de 2026 y advierte que existe un considerable subregistro.

Por eso resulta peligroso que esta tragedia termine convertida en argumento político para exigir que Colombia renuncie a los bombardeos contra campamentos de organizaciones criminales.

Eso generaría un incentivo perverso: mientras más menores haya dentro de esas estructuras, mayor sería su protección frente a las operaciones militares.

El Estado debe combatir a las organizaciones armadas, pero simultáneamente necesita una estrategia mucho más fuerte contra el reclutamiento de menores de edad.

Muchos niños son llevados mediante amenazas o engaños; otros terminan en estos grupos porque crecen en territorios donde escasean las oportunidades.

Prevenir exige seguridad, educación, presencia institucional y alternativas reales.

Los menores reclutados siguen siendo víctimas. Precisamente por eso el país no puede permitir que los grupos criminales los conviertan en combatientes, instrumentos de guerra o mecanismos para limitar la acción legítima del Estado.

Y pese a esa dolorosa realidad, los bombardeos deben continuar cuando existan objetivos militares legítimos.

Sin embargo, la batalla más importante debe comenzar mucho antes: impedir que un niño llegue a un campamento armado.

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