La entrega de apartamentos a algunas de las familias que perdieron sus viviendas durante el terremoto del 10 de agosto es, sin duda, una buena noticia. Para quienes recibieron las llaves significa comenzar de nuevo después de haberlo perdido todo.

La respuesta que durante estas tres semanas han dado el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle merece reconocimiento, y estas primeras soluciones de vivienda son parte de ese esfuerzo. Sin embargo, su entrega marca también el comienzo de una etapa mucho más compleja: la de garantizar soluciones oportunas y equitativas para todas las familias que perdieron sus hogares.

Es necesario conocer con absoluta claridad cómo se financiaron las viviendas entregadas. Si fueron aportadas íntegramente por una constructora privada, corresponde agradecer semejante gesto, pero si hubo recursos públicos, es indispensable explicar cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.

Allí también surge otra inquietud importante: ¿por qué unas familias reciben una vivienda y otras, que también perdieron la suya, reciben por ahora un subsidio de arrendamiento de $800.000? Puede haber razones perfectamente justificadas, pero es necesario conocerlas.

Después de tres semanas es comprensible que todavía no existan soluciones definitivas para todos, la magnitud del desastre hace imposible resolver simultáneamente miles de necesidades. Lo que sí debe comenzar a existir es una hoja de ruta.

Cada familia damnificada necesita saber cuál será su solución, qué requisitos debe cumplir y, especialmente, cuándo puede esperarla.

La reconstrucción entrará inevitablemente en una etapa de reclamos, comparaciones e inconformidades y la mejor manera de evitar que estas situaciones deterioren la confianza es actuar con transparencia, organización y equidad.

Las primeras llaves generan esperanza, pero el verdadero desafío será que quienes todavía esperan puedan saber cuándo recibirán las suyas y se les cumpla.

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