La preocupación por posibles episodios de violencia tras la segunda vuelta presidencial no es una simple especulación, el propio ministro de Defensa confirmó que existen alertas de inteligencia sobre eventuales disturbios una vez se conozcan los resultados electorales.

Por eso, más que paranoia, lo que existe es una preocupación legítima, especialmente en ciudades como Cali, donde todavía permanecen frescas las heridas que dejó el estallido de 2021.

En ese contexto, resulta acertado que las autoridades nacionales y locales hayan decidido reforzar los dispositivos de seguridad y activar mecanismos especiales de monitoreo y reacción.

También es tranquilizador que el alcalde Alejandro Eder haya sido enfático al anunciar que no permitirá bloqueos, vandalismo ni alteraciones del orden público.

Cali no puede volver a ser sometida a la parálisis, la destrucción y el miedo que padeció hace cinco años.

Sin embargo, la seguridad no depende únicamente del despliegue policial o militar, también exige responsabilidad política.

Por eso, es fundamental que todos los actores políticos, comenzando por los candidatos presidenciales, se comprometan de manera clara e inequívoca a respetar los resultados de las urnas.

La experiencia de la primera vuelta dejó una lección preocupante. A pesar de que los escrutinios confirmaron plenamente los resultados del preconteo y de que observadores nacionales e internacionales validaron la transparencia del proceso, el presidente Gustavo Petro insistió en sembrar dudas sobre un supuesto fraude que nunca pudo demostrar.

Ese tipo de mensajes no contribuyen a fortalecer la democracia; por el contrario, alimentan la desconfianza y la confrontación.

En una democracia los resultados se respetan, gusten o no, esa es la esencia de las reglas de juego.

Por eso, debe existir tolerancia cero frente a cualquier intento de desconocer la voluntad popular mediante bloqueos, vandalismo o violencia.

Si llegaran a presentarse vías de hecho, las autoridades deben actuar de manera inmediata dentro del marco de la ley para restablecer el orden y garantizar los derechos de millones de ciudadanos.

La ciudad no puede quedar nuevamente secuestrada por minorías violentas.

El próximo presidente será el presidente de todos los colombianos. Y la democracia solo saldrá fortalecida si todos, ganadores y perdedores, respetan el veredicto de las urnas.

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