Las motos eléctricas, que también llaman bicicletas, se han convertido en una de las transformaciones más visibles de la movilidad urbana en Colombia.

Su bajo costo de operación, la ausencia de combustible y, en muchos casos, la exención de matrícula, licencia de conducción y SOAT las han convertido en una opción cada vez más atractiva para miles de ciudadanos.

La legislación colombiana reconoce esta categoría de vehículos y establece condiciones específicas para su circulación.

Sin embargo, la velocidad con la que ha crecido este fenómeno obliga a abrir un debate que ya no puede seguir aplazándose.

En la práctica, buena parte de estos vehículos dejó hace rato de comportarse como bicicletas.

Aunque muchos conservan pedales para cumplir con la definición legal, la realidad es que son utilizados como verdaderos automotores.

Sus usuarios rara vez pedalean y circulan diariamente entre automóviles y motocicletas, alcanzando velocidades que, aunque puedan parecer moderadas, resultan suficientes para ocasionar accidentes de considerable gravedad.

El problema no está en la movilidad eléctrica. Todo lo contrario. Colombia necesita avanzar hacia medios de transporte más limpios y eficientes.

La verdadera discusión está en si el marco regulatorio actual responde a la realidad que hoy se vive en las calles.

Basta observar cualquier ciudad, especialmente Cali, para advertir un preocupante deterioro de la cultura vial.

Muchos motociclistas circulan en contravía, irrespetan semáforos y señales de pare, invaden andenes, ciclorrutas y puentes peatonales, poniendo en riesgo permanente a peatones y demás actores de la vía.

Ese mismo comportamiento comienza a replicarse entre numerosos usuarios de vehículos eléctricos livianos.

Y allí surge una pregunta inevitable: ¿Es razonable que cualquier persona pueda conducir un vehículo que alcanza velocidades cercanas a los 30 o incluso 40 kilómetros por hora sin acreditar conocimientos mínimos sobre normas de tránsito? ¿Es suficiente la regulación vigente para proteger tanto al conductor como a las demás personas que comparten la vía?

La inquietud adquiere mayor importancia cuando se analiza la situación del sistema de salud colombiano.

Si uno de estos vehículos ocasiona un accidente grave, la atención médica genera costos que finalmente terminan siendo asumidos por el sistema cuando el vehículo no cuenta con mecanismos de cobertura equivalentes al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en los casos en que la ley no lo exige.

No se trata de desestimular el uso de estas alternativas de movilidad ni de convertirlas en un nuevo foco de cargas económicas para los ciudadanos.

Se trata de encontrar un equilibrio entre la promoción de tecnologías limpias y la protección de la vida.

Por impopular que pueda resultar, el país debe preguntarse si ha llegado el momento de fortalecer la regulación de estos vehículos.

La seguridad vial no puede depender únicamente de la buena voluntad de sus conductores.

Una capacitación básica en normas de tránsito, mecanismos adecuados de identificación cuando corresponda y esquemas de cobertura frente a los daños ocasionados a terceros son temas que merecen ser discutidos con seriedad.

Toda innovación exige actualizar las reglas. La movilidad eléctrica representa un enorme avance, pero ese progreso no puede construirse a costa de aumentar los riesgos en las vías ni de trasladar al conjunto de la sociedad los costos de una regulación que hoy parece haber quedado rezagada frente a la realidad.

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