La democracia no termina el día de las elecciones. Comienza precisamente cuando el gobernante elegido asume el poder y puede ejercer el mandato que le fue conferido por los ciudadanos.

Por eso, cualquier intento de impedir el normal funcionamiento del nuevo gobierno mediante bloqueos, vandalismo o violencia constituye un ataque directo contra el Estado de derecho.

Las señales que se han conocido durante las últimas semanas obligan a tomar en serio ese riesgo.

Los llamados a la mal llamada “desobediencia civil“, las convocatorias permanentes a movilizaciones, los intentos de desconocer el resultado electoral y las declaraciones de dirigentes afines al petrismo sobre “hacer este país invivible” para el nuevo presidente configuran un panorama que ninguna democracia responsable puede ignorar.

Mientras al gobierno saliente del presidente Gustavo Petro le resta poco menos de un mes en el poder, persiste la incertidumbre sobre cuál será su actitud si se presentan hechos que alteren gravemente el orden público.

Esa incertidumbre, sin embargo, no puede trasladarse al gobierno que comenzará el próximo 7 de agosto.

El nuevo presidente tendrá la obligación constitucional de garantizar el orden público, proteger los derechos de todos los ciudadanos y hacer respetar la autoridad del Estado.

Eso significa actuar con firmeza frente a cualquier intento de paralizar el país mediante vías de hecho.

La protesta pacífica merece todas las garantías constitucionales. Los bloqueos no.

Bloquear carreteras, impedir la movilidad de millones de ciudadanos, obstaculizar el abastecimiento de alimentos, afectar hospitales, impedir que las personas lleguen a sus trabajos o destruyan bienes públicos y privados no constituye una manifestación pacífica.

Es una vulneración de los derechos de quienes nada tienen que ver con el conflicto político.

La experiencia del estallido de 2021 dejó una lección que Colombia no puede olvidar.

La permisividad frente a los bloqueos permitió que estos se prolongaran durante semanas, ocasionando enormes pérdidas económicas, afectaciones sociales y graves violaciones a los derechos fundamentales de millones de colombianos.

Ese error no puede repetirse.

Por ello, una de las primeras tareas del nuevo gobierno debería ser promover las reformas legales necesarias para que las autoridades cuenten con herramientas claras y eficaces que permitan levantar de manera inmediata cualquier bloqueo ilegal, capturar a quienes promuevan actos de vandalismo y judicializar con celeridad a los responsables de alterar el orden público.

No se trata de limitar el derecho a la protesta. Se trata de impedir que, bajo ese pretexto, se secuestre al país y se vulneren los derechos de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

La democracia no puede convertirse en rehén de quienes únicamente aceptan las reglas cuando el resultado electoral les favorece.

El derecho a disentir jamás puede transformarse en licencia para destruir.

Colombia necesita enviar un mensaje inequívoco: las diferencias políticas se tramitan en las instituciones, en el Congreso, en los tribunales y nuevamente en las urnas, nunca mediante bloqueos, intimidaciones o violencia.

La firmeza democrática no consiste en tolerar el desorden.

Consiste en hacer respetar la Constitución, proteger los derechos de todos y garantizar que ningún grupo, por radical que sea, pueda imponer mediante la fuerza lo que la ciudadanía rechazó democráticamente en las urnas.

Esa será una de las primeras pruebas de autoridad del nuevo gobierno y, también, una condición indispensable para preservar la democracia y la tranquilidad de todos los colombianos.

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