Resulta preocupante que Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, pueda caer en atribuciones que no le corresponden, pues si bien en Colombia las parejas de los gobernantes cumplen funciones de gestión social, no están facultadas para cumplir labores de gobierno.

Esta reflexión surge a partir de la polémica visita que la primera dama realizó esta semana a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se debatía el proyecto de reforma a la salud, y que dejó un mal sabor entre quienes vieron su presencia en el recinto como una injerencia indebida.

Ojalá nuestro país no esté en vías de convertirse en una república bananera, similar a Nicaragua, en donde el límite entre las facultades del gobernante y su pareja se rompieron y se terminó configurando una dictadura matrimonial con las nefastas consecuencias que el mundo conoce.

Es mejor pasar por exagerados y lanzar la voz de alerta a tiempo, que pecar por ingenuos y aceptar que una persona que no fue elegida, asuma funciones que le competen única y exclusivamente al presidente de la República.

La visita a la Comisión Séptima de la Cámara, aparentemente para presionar el trámite de la reforma a la salud, no es la única intervención cuestionable de la señora Alcocer, pues bien conocida es su intervención en nombramientos de altos funcionarios del Estado, como Concepción Baracaldo, exdirectora del ICBF, que públicamente reconoció que fue la primera dama quien le ofreció el cargo.

Y no es porque sea Verónica Alcocer, aunque la esposa de un presidente pueda tener influencia y acceso a información privilegiada, asumir funciones de gobierno cuando no le corresponden legalmente podría considerarse inapropiado debido a la falta de autoridad legal, la ausencia de rendición de cuentas, el potencial de conflictos de interés y la desviación del sistema democrático. Nadie eligió a la primera dama.

Comments