Si en Colombia los recursos públicos llegaran todos a donde deben llegar, sería un país del primer mundo.

Ante las dificultades financieras de la Nación, el Consejo de Ministros aprobó un recorte de seis billones de pesos al presupuesto de gastos de este año. Se trata, sin duda, de una decisión responsable que lleva a pensar que el Estado colombiano está en total capacidad de funcionar con mucho menos de lo que gasta; el nuestro es, como muchos lo han dicho, un Estado derrochón, pues si el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostiene que el recorte no afectará la política social ni otras funciones esenciales del Gobierno Nacional, es porque se viene gastando más de la cuenta.

Está bien que el Estado en general revise sus cifras en procura de reducir los gastos, esa debe ser una política permanente, pero si en verdad se quiere hacer una optimización del presupuestos de la Nación, los departamentos y los municipios, la clave está en reducir la corrupción.

Si se dejan de inflar los valores de los contratos para luego sacar jugosas comisiones, que se dice oscilan entre el 10% y el 20%, ¿cuánto se ahorraría el Estado? ¿Cuánto del presupuesto de la Nación, que para este año es de $215,9 billones se va en el pago de tajadas?

El mejor (o peor) ejemplo del derroche que implica la corrupción para el Estado colombiano es el caso Reficar, con sobrecostos por cuatro mil millones de dólares.

La corrupción no está solo en las comisiones, está en los gastos inoficiosos, en esas contrataciones que se hacen solo para pagar favores personales con recursos públicos.

¿Cómo sería Colombia si el presupuesto público dejara de ser un botín  y se invirtiera con transparencia en proyectos, programas y obras para generar desarrollo? Seríamos un país del primer mundo.

Si algo se debe recortar, entonces, es la corrupción.

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