El anuncio de un paro nacional, respaldado por las principales centrales obreras, es interpretado como una reacción al hundimiento de la consulta popular en el Senado.

Sin embargo, la evidencia sugiere que no se trata de una movilización espontánea, sino de una estrategia impulsada desde el gobierno.

Desde el mismo día en que el Senado negó el concepto favorable a la consulta, el presidente Gustavo Petro habló de paro, y un reportero gráfico de Cambio captó cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, preguntaba, a través de su chat, quién debía convocar la huelga.

Esta intención de agitación preocupa. Más aún cuando la reforma laboral, motivo central de la consulta, sigue viva y en trámite en la Comisión Cuarta del Senado.

Si el Congreso ya discute el tema, ¿cuál es entonces la razón para insistir en un paro de 48 horas y en la posibilidad de una huelga indefinida? ¿No será, como muchos temen, una estrategia de presión política, de distracción ante los problemas más urgentes del país y de preparación electoral con miras a 2026?

Además, los paros nacionales no son inocuos, al contrario, generan afectaciones económicas graves, interrumpen servicios esenciales, restringen la movilidad y aumentan el riesgo de enfrentamientos.

La experiencia del paro de 2021 está fresca en la memoria: violencia, caos institucional y pérdida de confianza.

Repetir esa historia, promovida desde el gobierno, sería una irresponsabilidad imperdonable.

Por eso es clave recordar que el presidente no está llamado a azuzar las calles ni a actuar como agitador, está llamado a liderar el país, a gobernar para todos, a garantizar el orden legal.

La democracia no se impone con presión, se construye con respeto, y si la consulta ya fue radicada de nuevo y la reforma sigue su curso, insistir en el paro sólo refuerza la percepción de que no hay un interés genuino por mejorar lo que se quiere cambiar, sino por mantener viva una campaña electoral permanente.

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