La captura en Estados Unidos del expresidente peruano Alejandro Toledo, quien es reclamado en extradición por las autoridades de su país, que lo vinculan al escándalo de corrupción de Odebrecht, crea un nuevo contraste con el manejo que se le ha dado a este caso en Colombia.

La diferencia de Brasil y Perú con Colombia en el manejo del caso de la constructora es que en esos países la justicia sí ha avanzado, aunque esto implique poner tras las rejas a expresidentes, políticos de alto nivel e incluso empresarios.

Mientras Perú judicializó a cuatro presidentes, en Colombia cada vez se conocen más detalles que comprometen a figuras de la alta política e incluso a un importante grupo empresarial con los pagos irregulares de Odebrecht, pero no pasa nada.

Tal vez la respuesta está en la falta de independencia de la justicia que, por ser apéndice del poder político, no tiene la capacidad de tratar con distancia a ciertas personalidades.

El reto de Colombia es darle independencia a la justicia, para que se aplique la ley en todos los niveles, sin que medie consideración alguna por los delincuentes. Sin embargo, aunque esto se escribe fácil, llevarlo a la realidad se ha convertido en una especie de misión imposible, pues es precisamente el poder político el que está facultado para emprender las reformas necesarias y es a este poder, con contadas excepciones, al que menos le conviene que la justicia se transforme.

El único camino que queda es la persistencia, los políticos que no tienen rabo de paja y la ciudadanía deben insistir en sacar adelante una reforma a la justicia, pero de verdad, no un proyecto de maquillaje, sino uno que promueva un modelo despolitizado en el que la lucha contra la impunidad y la corrupción sea la principal motivación.

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