Que el Valle del Cauca lidere la lista de departamentos con más masacres en lo que va de 2025 debería estremecer a Colombia entera, y en particular al Gobierno Nacional.

Diez masacres en siete meses, en nueve municipios diferentes, no son solo cifras aisladas: son la muestra dolorosa de lo que significa aplicar una política de “paz total” que prioriza el diálogo con los criminales y otorga beneficios, mientras abandona la protección real de la sociedad civil.

El informe de Indepaz es claro: detrás de cada masacre está la operación de grupos armados ilegales y bandas criminales que hoy se sienten con más libertad para tomarse corredores estratégicos del narcotráfico y de otras economías ilícitas.

Frentes como el Jaime Martínez, el 57, la Segunda Marquetalia, el ELN y pandillas locales como la Inmaculada, los Flacos o la Nueva Generación avanzan sin contención en territorios donde la Fuerza Pública, maniatada por órdenes políticas y sin recursos suficientes, perdió la iniciativa.

En el caso del Valle, los gobiernos locales y la Gobernación hacen esfuerzos enormes para contener la violencia, pero el problema es estructural y la responsabilidad principal es del Ejecutivo nacional, que optó por debilitar la capacidad de respuesta del Estado.

El presupuesto aprobado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para las Fuerzas Armadas este año es prueba de esa incoherencia: se asignaron $33 billones cuando se requerían al menos $50 billones para cumplir las misiones de seguridad.

La consecuencia es directa: menos inteligencia, menos hombres, menos operativos y más territorio bajo el control de ilegales.

Estas masacres, lejos de ser hechos aislados, muestran hasta dónde avanza el poder de estructuras criminales cuando se les entregan privilegios y se les permite crecer mientras se limita la acción de la Fuerza Pública.

Esa es la esencia de una “paz total” que terminó siendo una política de impunidad que protege a los victimarios y olvida a las víctimas.

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