Para que la justicia en Colombia funcione, se necesita una Fiscalía independiente.

Desde que inició el proceso para la elección del fiscal general de la Nación se daba por hecho que el escogido de la terna presentada por el presidente Juan Manuel Santos sería Néstor Humberto Martínez, quien efectivamente fue elegido por la Corte Suprema de Justicia como el nuevo jefe del poderoso y desprestigiado ente investigador.

Este antecedente traza el primer gran reto del nuevo Fiscal: actuar con independencia del Gobierno Nacional y no convertirse en un apéndice dedicado a la persecusión de la oposición, sino en el garante de investigaciones cuyas preclusiones o formulaciones de cargos respondan exclusivamente a la búsqueda de la verdad y a la aplicación del derecho.

Si la Fiscalía funcionara como se debe, muchos problemas del país mejorarían, como la corrupción y la inseguridad, pero para que eso se dé es necesario emprender un proceso de depuración y de reforma al interior de la institución.

En la lucha contra la delincuencia común, que azota a los habitantes de las ciudades, es mucho lo que se puede hacer desde la Fiscalía, pues con una actuación oportuna por parte del ente acusador se podría reducir la impunidad que es uno de los mayores estímulos de quienes delinquen, pues actúan con la confianza de saber que así como la posibilidad de ser capturados es baja, también lo es la posibilidad de ser hallados culpables y condenados, que es la parte que le compete al ente acusador.

Y si frente a los delincuentes comunes existe la sensación de que no pasa nada, ni qué decir de los delincuentes de cuello blanco; el país necesita respuestas y responsables en casos como el de Reficar, Interbolsa y todos aquellos en los que se han perdido sumas astronómicas sin que nadie responda.

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