El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la apertura de una investigación y formulación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación generó una respuesta desproporcionada por parte del mandatario.

Petro, en lugar de responder con argumentos y pruebas, prefirió denunciar un supuesto “golpe de Estado”, cuando lo que está haciendo el CNE es cumplir con su misión de garantizar el respeto a las normas electorales, incluyendo el límite de financiación.

La ley es clara y aplica para todos, incluso para el presidente de la República.

Si su campaña violó los topes de financiación, es responsabilidad del CNE investigar y, si corresponde, aplicar sanciones.

Petro, en lugar de descalificar a las instituciones, debe respetarlas y defenderse en el marco de la ley, pues su investidura presidencial no lo exime de cumplir con las normas que regulan la financiación de campañas en Colombia.

Al contrario, debería ser el primero en demostrar respeto y someterse a la legalidad, en lugar de atacar a los magistrados.

En un país donde tantas personas tratan de eludir la ley, poco ayuda que el propio presidente dé un ejemplo tan negativo.

Al minimizar la importancia de la investigación y sugerir que existe un complot para derrocarlo, Petro parece tratar de manipular a la opinión pública para escapar de su responsabilidad.

Lo que debería estar haciendo es presentar pruebas y argumentos sólidos que respalden su defensa, no alimentar la retórica del “golpe de Estado”, idea peligrosa que alimenta un clima de tensión y confrontación nacional.

El CNE fue muy claro al precisar que, en caso de encontrar responsable al presidente en este proceso, solo puede aplicarle una multa económica, nunca destituirlo ni anular su elección, por lo hablar de golpe de Estado es una irresponsabilidad monumental.

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