Financiar a delincuentes como estrategia para terminar con sus prácticas criminales es un remedio que puede resultar peor que la enfermedad, pues en lugar de desalentar el crimen, se genera un incentivo perverso que estimula la expansión del delito.

Esta reflexión surge a partir de la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de crear un fondo entre países aliados para financiar el cese de operaciones del ELN. La propuesta es darle un millón de dólares mensual a esta guerrilla con el propósito de que deje de secuestrar y extorsionar.

Las críticas y la oposición a esta propuesta no se hicieron esperar, y con razón, pues al proporcionar recursos económicos a organizaciones criminales, se refuerza su poder y se envía un mensaje de impunidad, fomentando la participación de más individuos en actividades ilícitas.

Además, esta estrategia socava la confianza en las instituciones, pues deja la sensación de un Estado que, por impotente e incapaz de combatir al crimen, claudica ante éste.

Al ver que hay posibilidades de obtener beneficios económicos del gobierno mediante la extorsión o el secuestro, otras organizaciones, especialmente de la delincuencia común, pueden involucrarse en estas prácticas. Allí está uno de los mayores peligros de la propuesta de financiar al ELN, en que puede llevar a un aumento en los índices de criminalidad, que ya son muy altos en nuestro país.

Que la institucionalidad financie a un grupo guerrillero implica legitimar su existencia y compromete la seguridad y el bienestar de la población, ya que el dinero puede ser utilizado para fortalecer su capacidad operativa. Las simpatías ideológicas no pueden llevar al presidente Petro a caer en la ingenuidad de plantear estrategias que alimenten a los verdugos de los colombianos.

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