Este ha sido un tema recurrente en los últimos meses, pues son evidentes las señales de desmotivación por parte de miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

¿Pero a qué se debe? Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro hubo un cambio evidente en el manejo de la seguridad, manifestado no sólo a través de la purga que se realizó al interior de todas las fuerzas del Estado, sino en instrucciones y mensajes que llevaron a policías y militares a replegarse frente al acoso del crimen.

El discurso gubernamental, a partir de la denominada política de “seguridad humana” del presidente Petro, así como su iniciativa de paz total, crearon una narrativa de condena o, por lo menos, de falta de respaldo institucional para la fuerza pública en lo referente a su deber constitucional de perseguir y combatir a los grupos armados al margen de la ley.

Desde entonces, se ha visto cómo uniformados de todas las fuerzas han terminado convertidos en carne de cañón frente a la guerrilla y demás grupos criminales, pero también cómo algunas comunidades no sólo han desconocido la autoridad de policías y soldados, sino que, como ocurrió en Caquetá, con unas organizaciones campesinas, y recientemente en el Cauca, con indígenas, han privado de la libertad a policías y miembros de la fuerza pública.

Más grave aún es que en estos casos, el gobierno nacional no sólo impidió el accionar de otras unidades de la Fuerza Pública para rescatar a los uniformados, sino que, mediante eufemismos, trató de justificar lo que debe ser calificado como un secuestro.

¡Cómo no van a estar desmotivados los miembros de la fuerza pública! En ese contexto, preocupa que la Policía y el Ejército de un país con las amenazas criminales que tiene Colombia no sientan el respaldo de su gobierno sino que, por el contrario, duden a la hora de actuar frente al crimen.

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