La incapacidad del Gobierno para entenderse con quienes protestan es innegable.

Que a lo largo de 37 días del paro camionero no se haya logrado un acuerdo, demuestra la incapacidad del Gobierno Nacional para dialogar con los sectores sociales que protestan. Si bien esa falencia para entenderse con el pueblo se ha acentuado durante los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos, esa es una de las mayores debilidades históricas de la institucionalidad colombiana.

Lo paradógico es que el Estado colombiano ha negociado con narcotraficantes, con paramilitares y con guerrilleros, pero es incapaz de entenderse con los agricultores, los docentes y los camioneros y los demás sectores que periódicamente protestan.

Es tal la limitación del Gobierno Nacional en este aspecto que ayer pidió la mediación de la iglesia católica para buscar una salida al paro camionero.

Y como si esto fuera poco, el Gobierno cayó en el error de criminalizar la protesta, ahora los esfuerzos oficiales están concentrados en demostrar las supuestas prácticas mafiosas de quienes lideran la protesta, tendiendo un manto de duda sobre todo el gremio. Gran error.

Si algún dirigente camionero tiene deudas con la justicia, que responda, pero no se puede generalizar ni por eso desconocer que hay problemas estructurales que afectan el transporte de carga y que deben ser resueltos.

Aunque no participen todos los camioneros, no se puede subestimar el paro, el desabastecimiento en algunos puntos del país y la carestía en otros demuestran el impacto de esta protesta, y ni qué decir de la afectación para el comercio internacional, que tiene al tope las bodegas de los puertos.

No se trata de decirle sí a todas las peticiones de los camioneros, se trata de negociar, de concertar un acuerdo que mejore las condiciones de ese gremio sin lesionar la competitividad nacional, pero para eso se necesita voluntad política.

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