Resulta difícil entender que en un país azotado por el crimen haya sectores políticos lamentándose porque las autoridades comenzaron, por fin, a golpear con contundencia a las organizaciones delincuenciales.

El operativo en el que murió alias “Bendito Menor”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, envía un mensaje que debe quedar claro para todas las estructuras criminales: deben someterse a la justicia, porque la lucha contra el crimen va en serio.

Eso no significa que el Estado salga a matar delincuentes.

La obligación de la Fuerza Pública debe ser capturarlos, ponerlos a disposición de los jueces y garantizar que reciban condenas ejemplares.

Pero quien reciba a tiros a las autoridades durante un operativo deberá enfrentar la respuesta legítima de la Fuerza Pública.

Por eso resultan desconcertantes los cuestionamientos políticos alrededor de la muerte de “Bendito Menor”, más viniendo del expresidente Gustavo Petro, pues durante su gobierno peligrosos recibieron tratamientos privilegiados y beneficios que no condujeron a la paz. Esa etapa terminó.

No más delincuentes convertidos en protagonistas políticos ni cabecillas elevados a la condición de interlocutores privilegiados mientras continúan delinquiendo.

El Gobierno de Abelardo De la Espriella hace bien en recuperar la capacidad ofensiva del Estado.

Quienes quieran abandonar las armas deben encontrar mecanismos para someterse, entregar sus estructuras y responder ante la justicia, pero quienes continúen secuestrando, extorsionando, asesinando y atacando a la Fuerza Pública deben saber que serán perseguidos.

No se puede invertir la escala de valores.

La solidaridad no debe estar con los victimarios, sino con las víctimas, y el respaldo debe ser para quienes, actuando dentro de la ley, arriesgan sus vidas para proteger a los ciudadanos.

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