Pese a la gravedad del flagelo y los anuncios hechos cada vez que se presenta un nuevo caso, las autoridades colombianas siguen sin hacer lo necesario para evitar los feminicidios.

El lamentable caso registrado el pasado domingo en Bogotá, donde una mujer fue asesinada a tiros por su expareja, es prueba de ello.

Erika Aponte había puesto en conocimiento a las autoridades sobre el riesgo que corría y, aunque se activaron unas medidas, resultaron insuficientes para proteger su vida.

¿De qué valen las campañas que invitan a las mujeres a denunciar cuando se encuentren en riesgo, si no se adoptan acciones efectivas para evitar que sean atacadas?

Si bien se debe respetar la presunción de inocencia del supuesto agresor, debe bastar con que una mujer denuncie maltrato y/o amenazas para que se activen de manera inmediata medidas que garanticen su protección, así como un seguimiento al posible verdugo y una investigación que permita establecer en poco tiempo los niveles de riesgo y las acciones necesarias para evitar un feminicidio.

Por ello, es urgente que se revisen y se simplifiquen los procedimientos para atender este tipo de denuncias.

¿Las normas actuales permiten actuar de manera oportuna? El gobierno nacional, el Congreso de la República y la Fiscalía General de la Nación deben trabajar conjunta y urgentemente en ello.

De la misma forma, la Policía y las alcaldías y gobernaciones deben revisar sus procesos a la hora de recibir este tipo de denuncias, para evitar que la burocratización lleve a que estos casos se manejen como un papeleo más y lograr que los funcionarios que son puestos en conocimiento de un riesgo de feminicidio sean conscientes de que tienen en sus manos la posibilidad de evitar el homicidio de una mujer.

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