Después de varios meses en los que se han presentado bloqueos de vías a lo largo y ancho del territorio nacional, parece que por fin el gobierno del presidente Gustavo Petro comprendió la gravedad de permitir taponamientos de carreteras.

Hace pocos días el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que este tipo de acciones no se permitirán más.

“Los bloqueos, todo aquello que genere afectación a la movilidad, es un hecho irregular que tiene consecuencias en materia de comparendos y tiene la posibilidad de que se apliquen las inmovilizaciones”, dijo el ministro.

Aunque tarde, es una buena noticia que el gobierno nacional haya recapacitado frente a un fenómeno con el que ha sido más que permisivo y que, de una u otra manera, fue estimulado por el jefe de Estado y muchos de los miembros de su coalición política antes de llegar al gobierno.

Los bloqueos de vías estimulan el caos, las confrontaciones entre ciudadanos, afectan la economía y limitan todos los derechos relacionados con el libre desplazamiento de las personas, que no pueden acudir a sus trabajos, a sus lugares de estudio ni a citas médicas.

En ese sentido, permitirlos es dejar desprotegidas a las comunidades que habitan en las zonas aledañas a las vías bloqueadas.

Además, cuando las autoridades no intervienen, los manifestantes se empoderan y caen en excesos aún más graves, como las agresiones físicas y las quemas de vehículos de quienes, en pleno uso de sus derechos, se atreven a cruzar.

Ojalá el gobierno cumpla el anuncio hecho por el ministro de Transporte. Por cuenta del invierno, y ahora con la caída del puente entre Quindío y Valle del Cauca, hay muchos tramos del país bloqueados, como para permitir más taponamientos por vías de hecho. Si las autoridades no actúan, Colombia se va a convertir en un país paralizado.

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