Una mezcla de ingenuidad, ineficiencia y corrupción que juega en contra de los ciudadanos.

La ampliación del número de casillas de la oficina de pasaportes de la Gobernación del Valle del Cauca no servirá para agilizar el trámite de estos documentos mientras las autoridades no acaben con la mafia que allí opera.

Así lo demuestra un caso ocurrido ayer cuando ciudadanos que se negaron a pagar ($30 mil cada uno) para que les agilizaran el ingreso a esta dependencia fueron intimidados por tramitadores que los amenazaron con “chuzarlos” a la salida de la oficina.

Este problema se solucionaría si quienes acuden a renovar el pasaporte no tuvieran que esperar afuera del Palacio de San Francisco, pero la forma en la que opera la oficina expone a los ciudadanos a una mafia que no solo utiliza artimañanas para demorar el ingreso y aprovechar el desespero de las personas, sino que ahora amenaza a quienes no acceden a pagar.

Se trata de un lucrativo negocio que para mantenerse seguramente alimenta los bolsillos de alguien más que los tramitadores. Si la mitad de los ciudadanos que mensualmente ingresan a esta oficina, ya sea para solicitar el documento por primera vez, renovarlo o reclamarlo, pagaran los $30 mil que cobran los tramitadores como tarifa mínima (a veces cobran hasta $70 mil), la mafia de los pasaportes representaría un negocio cercano a los $500 millones al mes.

Lo peor es que estos abusos se dan en las narices de las autoridades.

Es imposible que este negocio opere sin colaboración al interior de la oficina de pasaportes, pues, de lo contrario, los tramitadores no tendrían como garantizar una atención rápida a quienes pagan.

También resulta sospechoso el papel de la Policía, pues los uniformados encargados de la seguridad en la parte exterior, entre quienes se dice habría socios de los tramitadores, nada hacen para evitar el acoso al que son metidos los ciudadanos.

Así las cosas, aunque la Gobernación cumpla con ampliar a 14 las casillas de atención en la oficina de pasaportes, de nada valdrá mientras que sean los tramitadores quienes definan cómo se hacen las cosas allí.

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