El gobierno colombiano tiene poco más de un mes para demostrar si está dispuesto a garantizar elecciones libres en los territorios donde hoy mandan los grupos armados ilegales.

El tiempo es corto, pero todavía suficiente si existe voluntad política real; lo que está en juego no es un asunto menor ni una discusión técnica, sino el corazón mismo de la democracia: que los ciudadanos puedan votar sin miedo, sin presiones y sin coacción armada.

La alerta lanzada por el registrador nacional sobre la influencia de estructuras criminales en 312 municipios del país no puede tomarse a la ligera.

Hablar de que en el 40 % de esos territorios existe un interés político-electoral por parte de grupos armados ilegales obliga al gobierno nacional a actuar de inmediato.

No basta con reconocer el problema ni con trasladar la responsabilidad a otras entidades, se requiere un despliegue contundente de la Fuerza Pública que recupere el control territorial y cierre cualquier posibilidad de interferencia criminal en las elecciones legislativas de marzo y presidenciales de mayo.

Los patrones descritos por la autoridad electoral son especialmente preocupantes: en algunos municipios, la violencia coincide con una baja participación en las urnas, lo que evidencia miedo y control armado.

En otros, aún más grave, altos niveles de violencia conviven con participaciones electorales inusualmente elevadas, un fenómeno que solo puede explicarse por la presión directa sobre las comunidades y la instrumentalización del voto, eso no es democracia, es imposición.

Como se ha planteado en otros editoriales, si el gobierno no actúa ahora, si no permite que la Fuerza Pública confronte sin restricciones a estas organizaciones, dejará un manto de duda difícil de disipar.

La pregunta será inevitable: a quién le conviene que los grupos criminales, fortalecidos durante el actual gobierno, incidan en el resultado de las elecciones. A qué candidatos, a qué sectores políticos, a qué intereses.

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