La decisión de ExxonMobil de finalizar su operación en Colombia es una pésima noticia, pues puede ser el principio del fin de la industria petrolera en nuestro país, lo que representaría la pérdida de miles de empleos, así como la caída de ingresos para el Estado.

Para hacerse una idea del impacto que esto representa, basta echarle un vistazo a las cifras: la suspensión de operaciones de ExxonMobil implica la terminación de casi 1.300 empleos, entre directos e indirectos, y la no inversión de 53 millones de dólares, que incluían la participación económica de las comunidades, en un proyecto de exploración en el Magdalena medio.

Era algo que se veía venir, a raíz de la posición anti extractivista de la ministra de Minas y energía, Irene Vélez, quien, respaldada por el presidente Gustavo Petro, ha enviado mensajes que ahuyentan a las empresas del sector, que, con toda razón, no arriesgarán su capital invirtiendo en un país donde el gobierno nacional no da garantías para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Lo más preocupante es que, mientras Vélez y Petro continúen enviando mensajes contrarios a la extracción de carbón, gas y petróleo, otras empresas del sector pueden seguir el camino de ExxonMobil y migrar con sus inversiones a otros países.

¿Cómo repondrá el gobierno los empleos que se perderán, cómo reemplazará los ingresos que el país dejará de percibir?

La posición es tan absurda, que hace un par de días la ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo: “La transición energética es imposible sin la transformación productiva”.

Colombia y el mundo deben avanzar en la transición hacia energías limpias, pero hacerlo de la manera en que pretende este gobierno representa un suicidio económico para el país.

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