Aunque el Senado de la República aprobó a última hora, y casi que a regañadientes, el artículo que eliminaría la casa por cárcel para los corruptos, esta iniciativa no está en firme, porque debe pasar a conciliación en la Cámara de Representantes y hay poco tiempo para surtir este trámite, mañana finalizan las sesiones ordinarias. Si en este plazo el proyecto no ha sido conciliado, se hundirá.

¿Por qué nuestros congresistas no tramitaron con celeridad esta iniciativa? ¿Por qué solo 55 de los 107 senadores lo votaron a favor? ¿Acaso la mitad de ellos tiene “rabo de paja” y por eso no respaldó el proyecto?

El mensaje que envía el Congreso de la República cuando titubea a la hora de tomar medidas drásticas contra los corruptos es pésimo, pues desatiende el clamor de un país que reclama mano dura contra los ladrones de cuello blanco y pierde la oportunidad de posicionarse ante una opinión pública que mira cada vez con más desconfianza a la clase política.

Los corruptos deben ir a la cárcel sin ningún tipo de privilegio, porque son tanto o más peligrosos para la sociedad que cualquier asesino, pues el saqueo de los recursos públicos condena al país al subdesarrollo.

No sólo se debe acabar con la prisión domiciliaria para los corruptos, sino que se debe acabar con las condiciones especiales de reclusión, pues muchos políticos condenados por robar el erario son enviados a instalaciones militares o policiales donde tienen todas las comodidades. Nada de eso, a la cárcel, como cualquier delincuente, para que paguen por burlar la confianza que la ciudadanía ha depositado en ellos.

¿Qué hará el país si finalmente el Congreso no elimina la prisión domiciliaria para los condenados por corrupción?

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