Para muchos colombianos, la frase “no hay por quién votar” se ha convertido en una justificación frecuente para el abstencionismo.

Pero esa excusa se desvanece cuando se mira la realidad con datos: para las elecciones al Congreso de la República de 2026 se inscribieron 3.144 candidatos, distribuidos entre aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes, que representan un abanico amplio de opciones ideológicas, geográficas y sociales.

Esa cifra pone en evidencia una verdad simple y clara: hay opciones para todos los gustos y convicciones.

Hay candidatos con trayectorias diversas, con propuestas distintas y con compromisos políticos variados.

Si un ciudadano se da el tiempo de informarse –de leer hojas de vida, de comparar propuestas y de entender las prioridades de quienes aspiran a legislar–, es prácticamente imposible no encontrar, entre más de tres mil aspirantes, a alguien con quien se identifique o que represente una causa por la cual valga la pena votar.

Recordar la abstención en las elecciones legislativas de 2022 es útil para comprender la magnitud del reto que enfrentamos.

En aquellos comicios menos de la mitad de los ciudadanos habilitados para votar participó en la elección del Congreso: la participación fue de alrededor del 45,87 % del censo electoral, lo que implica que más de la mitad de los votantes decidió no acudir a las urnas.

Esa ausencia masiva en las urnas no solo fue un síntoma de desinterés, sino un fracaso de la corresponsabilidad ciudadana.

La responsabilidad política no recae únicamente en quienes hoy son candidatos o en quienes serán elegidos.

Los ciudadanos también son corresponsables de la calidad de sus representantes y del rumbo que tome el país.

Emitir un voto informado implica evaluar quiénes son estos aspirantes, qué proponen para la educación, la seguridad, la economía y los derechos fundamentales, con quiénes han trabajado y qué ideas defienden para Colombia.

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