Después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay las tensiones están en aumento en Colombia.

Mientras el crimen desestabiliza, el Gobierno disputa espacios políticos y usa un lenguaje inflamado que solo agrava el panorama y desdibuja su deber principal: garantizar campañas seguras y elecciones confiables.

Los partidos de oposición alertaron sobre la falta de garantías y rechazaron una Comisión Electoral encabezada por el gobierno nacional, desconfianza que crece al ver a un presidente más ocupado en impulsar consultas y asambleas que en blindar a los candidatos.

Dar seguridad no es un favor; es obligación del Estado, y dentro de ese proceso es fundamental desarmar el lenguaje.

Cada declaración encendida alimenta la polarización y convierte el debate en trincheras irreconciliables. Insistir en descalificaciones, señalar adversarios como enemigos y responder con ironía a la tragedia solo favorece al crimen.

En lugar de sumar insultos, tanto el gobierno como la oposición deben bajar el tono y mostrar unidad elemental frente a quienes disparan contra la política.

El país enfrenta dos luchas simultáneas: contra la violencia armada y contra la violencia retórica, que se alimentan mutuamente.

El equilibrio pasa por respetar la Constitución, escuchar a todos los partidos y priorizar la seguridad sobre la conveniencia electoral.

No hay democracia sin reglas claras ni garantías reales. El gobierno debe abandonar la politización del miedo y actuar como garante neutral, y todos los actores políticos, a su vez, deben debatir con altura y rechazar la tentación del insulto fácil. Si la política cede espacio al caos, y pierde todo el país.

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