La decisión del candidato presidencial Iván Cepeda de tomar distancia de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, coincidiendo además con el abandono de esa misma propuesta por parte del Gobierno Nacional, difícilmente puede interpretarse como una casualidad.

Por el contrario, parece confirmar algo que durante meses fue evidente: la estrecha conexión entre las decisiones políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro y las necesidades electorales de la campaña del candidato del Pacto Histórico.

Más allá de esa coincidencia, lo que realmente preocupa es la credibilidad del anuncio.

¿Por qué deberían creer los colombianos que una eventual Constituyente desapareció definitivamente de la agenda política del petrismo? La pregunta es válida porque ya existe un antecedente muy reciente.

Durante sus campañas presidenciales de 2018 y 2022, Gustavo Petro aseguró repetidamente que respetaría la Constitución de 1991 y que no impulsaría una Asamblea Nacional Constituyente.

Lo dijo en entrevistas, lo afirmó en escenarios públicos y lo convirtió en una de sus principales promesas políticas.

Sin embargo, una vez llegó al poder, la idea de la Constituyente apareció una y otra vez desde distintos sectores de su gobierno y de su movimiento político.

Por eso resulta inevitable que muchos colombianos reciban con escepticismo el nuevo anuncio. No se trata únicamente de lo que hoy dice Iván Cepeda.

Se trata de contrastar esas palabras con los antecedentes recientes de quienes hoy respaldan su candidatura.

Además, la propia campaña de Cepeda estuvo rodeada durante meses de dirigentes que defendieron la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente.

Entre ellos figura la senadora María José Pizarro, una de las principales voceras políticas del Pacto Histórico y una de las dirigentes más visibles de la candidatura presidencial oficialista.

Resulta difícil entender por qué una propuesta considerada tan necesaria para transformar el país desaparece repentinamente cuando las encuestas muestran que genera preocupación en amplios sectores de la población.

La sensación que queda es que no se trata de una convicción institucional sino de una estrategia electoral.

La propuesta se impulsa cuando resulta conveniente y se archiva temporalmente cuando amenaza con restar apoyos. Eso no fortalece la confianza, por el contrario, la debilita.

También preocupa la manera como durante meses se intentó presentar la Constituyente bajo distintas denominaciones y argumentos.

Se habló de profundizar reformas, de ampliar derechos, de modernizar instituciones y de múltiples propósitos que cambiaban según el escenario político.

Sin embargo, nunca desaparecieron las sospechas sobre cambios mucho más profundos en el sistema político colombiano.

Entre esas preocupaciones aparece una especialmente sensible: la posibilidad de alterar los equilibrios institucionales que hoy limitan el poder presidencial.

Colombia ya experimentó los efectos de la reelección y posteriormente decidió desmontarla precisamente porque entendió los riesgos que implica concentrar demasiado poder en una sola figura política.

Por eso el país no necesita abrir una discusión constituyente. Colombia tiene problemas urgentes en materia de seguridad, salud, empleo, crecimiento económico y lucha contra la criminalidad.

Ninguno de esos problemas requiere cambiar la Constitución para ser resuelto.

Lo que sí requiere Colombia es fortalecer sus instituciones, respetar las reglas de juego y garantizar estabilidad jurídica y política.

Una nueva Constitución abriría un periodo prolongado de incertidumbre en un momento en que el país necesita justamente lo contrario.

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