La reacción de la academia, los gremios, las organizaciones de la sociedad civil y múltiples voces del país en defensa del sistema electoral colombiano deja una enseñanza importante en medio de la controversia generada tras la primera vuelta presidencial: la democracia también se defiende.

Y se defiende, entre otras cosas, protegiendo la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar que la voluntad popular se exprese libremente en las urnas.

Por eso resultó tan preocupante que, el domingo en la noche, el presidente Gustavo Petro y el candidato del partido gobernista Pacto Histórico, Iván Cepeda, hablaran de un supuesto fraude sin presentar pruebas que respaldaran semejante afirmación.

Tan infundadas fueron estas afirmaciones, que este lunes el propio Cepeda terminó reconociendo que “no hay irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude”.

La declaración confirma lo que desde el comienzo señalaron numerosos observadores, expertos electorales y organizaciones de veeduría: no existen elementos que permitan poner en duda la legitimidad general del proceso electoral realizado el pasado 31 de mayo.

Además, cuando se habla de un supuesto fraude sin evidencias, no solo se cuestiona a la Registraduría, se pone bajo sospecha el trabajo de cientos de miles de colombianos que participaron de buena fe en la organización de las elecciones.

Detrás de cada mesa de votación hubo ciudadanos que dedicaron su tiempo y asumieron una responsabilidad cívica fundamental para garantizar el funcionamiento de la democracia.

En esta oportunidad fueron 850.871 colombianos los que prestaron a la patria el servicio de actuar como jurados de votación.

También resulta importante recordar que el preconteo es precisamente un ejercicio construido sobre la buena fe de quienes participan en el proceso.

Como toda operación humana, puede presentar errores puntuales. Sin embargo, esos errores suelen ser mínimos, aislados y susceptibles de corrección durante los escrutinios.

Precisamente, por eso existen distintas etapas de verificación dentro del sistema electoral colombiano.

Además, la Registraduría no actúa sola, las campañas tienen testigos electorales, los partidos cuentan con mecanismos de vigilancia, los organismos de control realizan seguimiento, existen observadores nacionales e internacionales, y las actas son públicas y pueden ser revisadas.

Por eso, no sorprende que, frente a los cuestionamientos lanzados por Petro, numerosas instituciones y organizaciones hayan salido rápidamente a respaldar el proceso y a reconocer el trabajo realizado por la Registraduría. Ese respaldo no es un favor a una entidad, es una defensa de la democracia misma.

En tiempos de polarización, resulta tentador cuestionar las reglas cuando los resultados no coinciden con las expectativas propias.

Sin embargo, la verdadera fortaleza democrática consiste precisamente en respetar las instituciones cuando producen resultados que no necesariamente favorecen a quienes participan en la contienda.

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