Renta Básica o estallido social

Alberto Ramos Garbiras

La pauperización y precarización de vastos sectores poblacionales en las naciones son indudablemente producto del rapaz ensamblaje del neoliberalismo.

Para darle un soporte constitucional a la Renta Básica (RB), miremos tres artículos correspondientes de la Constitución nacional: 2, 334 y 350. El artículo 2 como principio fundamental, pertenece a la principalistica, cubre lo que el Constituyente concibió que el Estado requiere alcanzar en objetivos, estipula que uno de los fines del Estado es promover la prosperidad general.

El artículo 334 se refiere a la intervención del Estado en la economía, consagra que, “El Estado de manera especial intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular los de menores ingresos, tendrán acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”. O sea, que un propósito esencial del Estado es lograr el pleno empleo, si este se cumpliera no habría necesidad de diseñar una Renta Básica porque todos tendrían ingresos. El artículo 350 sobre el gasto público social, expresa que, “en la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa…” ; es decir que deben tenerse los censos y las estadísticas sobre las personas con necesidades básicas insatisfechas, para saber dónde se aplica el gasto público social.

La Renta Básica serviría para garantizar la existencia de los habitantes desempleados, para redistribuir la riqueza, para la reducción de la pobreza extrema. La Renta Básica no desincentiva la búsqueda de empleo, además sirve para fortalecer el consumo interno. Y permite ejercer mejor la ciudadanía.

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