La Constitución Política de Colombia en su amplio espíritu democrático y garantista de derechos determinó en su artículo 37 que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. A pesar de que la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar ordenando el aplazamiento de las manifestaciones del 28 de abril y 1 de mayo, hasta que no se haya logrado la inmunidad de rebaño, los colombianos marchamos.

Evidentemente nos encontramos en el tercer pico de la pandemia del coronavirus y la decisión “correcta” habría sido cancelar todo tipo de aglomeración, sin embargo, la sociedad ya se encuentra en un punto de desgaste e intolerancia hacia las injusticias tan alto, que poco o nada importó la existencia de la Covid 19 y las consecuencias que puedan traer estas aglomeraciones. Ciudades como Cali, Medellín y Bogotá están viviendo el coletazo de la semana santa, donde muchos de sus habitantes salieron a vacacionar como si el virus no existiera y hoy las UCI están a su máxima capacidad. Esta misma realidad la viviremos en todo el país en unas semanas, cuando el sistema de salud colapse y no haya como atender tantos contagiados.

En medio de la crisis social y económica que atravesamos, donde muchos negocios han ido a quiebra y miles de colombianos han perdido su trabajo, al Ministro de Hacienda, se le ocurrió elaborar un proyecto de ley para una nueva reforma tributaria bajo el nombre de impuesto solidario.

El problema radica en que esta reforma tributaria terminaría afectando precisamente a esos colombianos de clase baja y media que a duras penas sobreviven. Por ejemplo, pretenden aplicarles IVA a productos de la canasta familiar, hoy el 4% de las personas naturales declaran renta y proponen incrementarlo al 18% de la población, también desean imponer un impuesto a los salarios altos de los prestadores de servicios sin considerar que gran parte del sueldo se queda en los pagos de seguridad social además de no tener primas ni vacaciones en esta nefasta forma de contratación, y finalmente, entre otros, plantean imponer un impuesto a los pensionados. Ante este panorama y sumándole a esto un Ministro de Hacienda que sale a los medios a decir que una docena de huevos vale $1.800 pesos es imposible que la ciudadanía no salga a protestar y defender sus derechos.

La solución a toda esta crisis es muy práctica, retirar el proyecto de ley de impuesto solidario o reforma tributaria del Congreso e instalar una gran mesa nacional donde se invite a los diferentes sectores sociales, no a los partidos políticos porque ya nadie les cree, y se pueda pactar una forma de alivianar el hueco fiscal del país sin afectar a quienes menos recursos tienen.

Finalmente, rechazo total y absoluto a los actos vandálicos al mobiliario público y al comercio, ante estos hechos prefiero quedarme con la imagen de varios caleños persiguiendo a bandidos que irrumpieron en el éxito de la Av. Simón Bolívar, para quitarles los electrodomésticos robados y devolverlos al almacén. En Colombia los buenos somos más y bajo el riesgo que implica protestar para nuestra salud, podemos hacerlo pacíficamente.

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