La preocupación que hoy existe en Cali es comprensible. No se trata de una reacción exagerada ni de un temor infundado, la ciudad carga todavía con las heridas económicas, sociales y emocionales que dejó el estallido de 2021, un episodio que paralizó la movilidad, destruyó infraestructura pública y privada, afectó miles de empleos y deterioró la convivencia.

Por eso, generan inquietud las manifestaciones, los mensajes y las convocatorias que han comenzado a circular en medio de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial.

Más aún cuando todo ocurre en un contexto de alta polarización política y después de los llamados irresponsables del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral que no existió.

Los escrutinios concluyeron y confirmaron los resultados del preconteo.

Las autoridades electorales ratificaron la transparencia del proceso y los observadores nacionales e internacionales validaron las garantías de las elecciones.

Lo preocupante es que ese discurso de desconfianza institucional puede terminar alimentando comportamientos radicales entre sectores que están dispuestos a creer ciegamente cualquier señal enviada desde el poder político.

Y Cali, por su historia reciente, sabe mejor que nadie cuáles pueden ser las consecuencias de una narrativa que busca convertir las diferencias políticas en confrontación social.

Las advertencias realizadas por distintos dirigentes políticos sobre posibles movilizaciones posteriores a las elecciones, así como la circulación de mensajes que hablan de bloqueos, acciones de presión y afectaciones a la infraestructura pública, deben ser tomadas con toda la seriedad del caso.

Los caleños tienen derecho a votar libremente, sin amenazas, sin presiones y sin chantajes. Nadie puede sugerir, explícita o implícitamente, que si un determinado candidato resulta elegido la ciudad deberá prepararse para el caos, los bloqueos o el vandalismo.

Esa lógica constituye una forma de presión inaceptable sobre los ciudadanos y sobre la democracia misma.

La tolerancia frente a la violencia, el vandalismo y los bloqueos debe ser cero. Cali no puede regresar a escenarios que ya demostraron el enorme daño que pueden causar a la economía, al empleo, a la educación, a la seguridad y a la convivencia.

La segunda vuelta presidencial debe desarrollarse en paz. Y cuando los colombianos hablen nuevamente en las urnas, el próximo 21 de junio, los resultados deberán ser respetados por todos, independientemente de quién resulte ganador.

La democracia exige aceptar las victorias y también las derrotas.

Cali ya pagó un precio demasiado alto por la confrontación política. La ciudad no puede volver a convertirse en rehén de quienes pretenden imponer sus posiciones mediante el miedo.

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